El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres condenó al asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes a 2 años de pena privativa de libertad y al abogado Raúl Cardozo a 1 año y 8 meses, tras encontrarlos responsables por tráfico de influencias en una causa vinculada al pedido y entrega de G. 5 millones para supuestamente conseguir que se demorara una imputación fiscal.
Petters fue declarado autor del hecho punible de tráfico de influencias, mientras que Cardozo fue considerado cómplice. En ambos casos, el Tribunal dispuso la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por un plazo de 2 años, con las reglas de conducta que serán especificadas en la sentencia escrita.
El Colegiado, sin embargo, descartó el hecho punible de resistencia que también había sido atribuido por el Ministerio Público. Las juezas concluyeron que, si bien después de la entrega del dinero Petters condujo el vehículo y se alejó del lugar pese a la intervención policial, no se acreditó el empleo de fuerza o amenaza contra los agentes, elementos requeridos para configurar este hecho punible.
Al exponer los fundamentos de su decisión, el Tribunal sostuvo que llegó por unanimidad a la conclusión de que los hechos acusados por el Ministerio Público respecto al tráfico de influencias fueron probados a partir de la valoración conjunta de las pruebas producidas durante el juicio.
Las juezas tuvieron por acreditado que, en febrero de 2024, Petters se desempeñaba como asistente fiscal de la Unidad Penal N.º 3 de Villa Hayes, dependencia a cargo del agente fiscal Alfredo Mieres, donde se encontraba en trámite una investigación por violencia familiar contra Diego Rubén Colmán, esposo de Andrea Díaz.
En ese contexto, según los hechos probados en juicio, Petters solicitó a Díaz la entrega de G. 5 millones a cambio de una intermediación ante el agente fiscal, con la promesa de que se demoraría durante aproximadamente dos o tres meses una eventual imputación contra Colmán. Durante ese periodo se impulsarían declaraciones testimoniales y otras diligencias con el objetivo de procurar una solución al conflicto con la denunciante.
Petters habría manifestado además que el dinero solicitado no era para él, sino que estaba destinado al agente fiscal.
Raúl Cardozo había sido contratado para ejercer la defensa técnica de Colmán. Sin embargo, las juezas concluyeron que su actuación excedió las tareas propias de un abogado defensor y que intervino como enlace entre Andrea Díaz y Petters para posibilitar la entrega del dinero.
Entre el 19 y el 21 de febrero de 2024, Cardozo mantuvo reiteradas comunicaciones con Díaz. De acuerdo con la valoración realizada por el Tribunal, verificó si la mujer disponía de los G. 5 millones, transmitió mensajes atribuidos a Petters, insistió en la realización del pago y coordinó lugares y horarios para concretar la entrega.
El pago debía realizarse inicialmente durante la mañana en inmediaciones de la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. En ese lugar, Cardozo habría reiterado que la entrega permitiría mantener la investigación sin imputación mediante la demora de determinadas diligencias. También habría manifestado que Petters le indicó que guardara el dinero y propuso recibir personalmente la suma para entregársela posteriormente.
Andrea Díaz se negó y sostuvo que quería entregar el dinero directamente a Petters para que este le explicara qué actuación realizaría a cambio del pago.
Como la entrega no pudo concretarse frente a la sede fiscal, se acordó un segundo encuentro. El día de la entrega vigilada, Petters y Cardozo llegaron aproximadamente a las 14:30 hasta el domicilio de Andrea Díaz, en el barrio San Roque de Villa Hayes, a bordo de una camioneta Kia Sportage conducida por el asistente fiscal. Según las grabaciones valoradas por el Tribunal, Díaz preguntó qué obtendría a cambio de los G. 5 millones y Petters le respondió que el fiscal no imputaría a su esposo durante un plazo de dos a tres meses, periodo en el que se realizarían diligencias para intentar solucionar el conflicto. Tras la explicación, la mujer ingresó a su vivienda, tomó el sobre con el dinero previamente individualizado para el procedimiento y se lo entregó a Petters en presencia de Cardozo.
Una vez concretada la entrega, Díaz realizó la señal acordada con los agentes policiales que vigilaban el procedimiento. Los intervinientes dieron la voz de alto, pero Petters se alejó del lugar conduciendo la camioneta, con Cardozo como acompañante. Ambos fueron finalmente aprehendidos aproximadamente a dos kilómetros de la vivienda.
