El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la juez Adriana Planás e integrado por los magistrados Matías Garcete y Elsa García condenó a dos exfuncionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) tras comprobarse la existencia de un esquema de estafa que ocasionó un perjuicio patrimonial superior a los Gs. 394 millones a la institución estatal.
El fallo alcanzó a Carlos Alberto Benítez, quien se desempeñaba como jefe de la sede zonal del CAH en Santa Rosa y a Óscar Julián Gómez, quien ejercía funciones como asesor de créditos. Ambos fueron hallados responsables por su participación en maniobras irregulares vinculadas a la concesión de préstamos que nunca fueron solicitados por los supuestos beneficiarios. El fiscal del caso fue Nelson Colmán.
De acuerdo con lo demostrado por el Ministerio Público, los hechos investigados se produjeron entre los años 2017 y 2019, periodo en el cual los ahora condenados habrían creado carpetas de solicitudes de crédito utilizando datos de terceras personas, sin conocimiento ni consentimiento de estas. La acusación fiscal sostuvo que, para concretar las operaciones, los exfuncionarios empleaban copias de cédulas de identidad y falsificaban firmas, con el objetivo de simular solicitudes de préstamos que luego eran aprobadas de manera irregular dentro del circuito administrativo del CAH.
En su rol de jefe de la institución y presidente del comité de créditos, Carlos Alberto Benítez aprobaba las operaciones, lo que permitía el desembolso de los montos correspondientes. Posteriormente, los cheques emitidos por el CAH, girados contra el Banco Nacional de Fomento, eran efectivizados por Óscar Julián Gómez. Como consecuencia de estas maniobras, el CAH desembolsó un total de Gs. 394.433.000 en concepto de créditos que no fueron solicitados ni devueltos, generando un perjuicio económico directo a la institución pública destinada al financiamiento del sector productivo.
El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, analizó los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, entre ellos documentos administrativos, pericias y testimonios incorporados durante el juicio. Tras la valoración de las pruebas, el tribunal resolvió declarar a ambos acusados culpables por los hechos punibles de estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, considerando acreditada su participación en el esquema investigado.
En consecuencia, Carlos Alberto Benítez fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad, mientras que Óscar Julián Gómez recibió una condena de dos años y tres meses de prisión, quedando así firme la responsabilidad penal de ambos exfuncionarios por los hechos cometidos en perjuicio del CAH.
