El Tribunal de Sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Darío Báez y Sonia Villalba condenó ayer a 3 años y 4 años y seis meses de cárcel a los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Francisco de Vargas y Luis Rojas respectivamente, tras probarse en juicio que causaron un perjuicio patrimonial a través de la compra de equipos de escucha telefónica de la empresa Televox S.R.L.
La sentencia fue por lesión de confianza, según la acusación presentada por la fiscalía. Por otro lado, Antonio Pereira y Adalberto Benítez fueron condenados a 2 años, con suspensión a prueba de la ejecución por tres años; mientras que Nicasio y Alfredo Bóveda fueron condenados a 4 años de cárcel.
Según la investigación, este proceso abarcó la investigación de dos administraciones por la compra irregular de equipos de inteligencia, realizadas los años 2012 y 2015. En la primera causa se encuentra implicado Luis Rojas, procesado por Lesión de Confianza para quien se solicita 7 años de prisión, por la doble hechos de Lesión, debido a que el mismo había inducido a través de una nota, la compra de dichos equipos.
Así también se encuentra procesado Adalberto Benítez (ex director de Administración de la Senad) para quien se solicita 3 años de pena privativa, además de las personas que figuran como proveedoras, que fueron acusadas por Producción de Documentos no Auténticos, para quienes se requiere 4 años de pena privativa de libertad.
En la segunda causa se encuentran acusadas unas seis personas, entre ellas Francisco De Vargas, por el hecho de Lesión de Confianza en Grado de Autoría, Silvio Amarilla (ex director de Inteligencia), Antonio Salvador Pereira (Administrador de la Senad), Jessica Reyes (ex asesora jurídica), por los hechos de Lesión de Confianza en Grado de complicidad, para quienes se han requerido penas de entre 2 a 3 años y seis meses.
Conforme a los antecedentes, en noviembre del 2016, Luis Rojas, Francisco De Vargas junto con otras nueve personas fueron imputadas. Presuntamente en los años 2012 y 2015 fueron adquiridos equipos de sistemas de rastreo sensitivo móvil y comunicación, provenientes de Inglaterra. La Contraloría General de la República, halló irregularidades en las facturas de la empresa individualizada como Televox.
