Un Tribunal de Sentencia, en mayoría, condenó a 6 años de prisión al exsíndico de quiebras Blas Velázquez, al hallarlo culpable de cometer los hechos de lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso.
Los jueces Lourdes Garcete y Juan Ortiz lo condenaron por la doble venta un mismo inmueble ubicado en Mariano Roque Alonso. El juez Manuel Aguirre votó en disidencia por una pena de dos años de prisión con suspensión, por un periodo de cinco años y con la condición de que el condenado repare el daño a la masa de acreedores del Banco Oriental por un monto de Gs. 513 millones.
El juez Manuel Aguirre explicó que, a su entender, el caso reunía los elementos para aplicar el criterio de reparación patrimonial. En ese sentido, propuso que Velázquez devuelva Gs. 513 millones a la masa acreedora del Banco Oriental, monto que consideró como el verdadero perjuicio económico generado por las operaciones irregulares.
“El delito de lesión de confianza necesariamente tiene que provocar un perjuicio económico. La Fiscalía habló de 40 millones, pero en el proceso quedó demostrado que el valor de la propiedad involucrada ascendía a mucho más y que la venta irregular generó un daño mucho mayor”, afirmó.
Aguirre sostuvo que la sanción debía fijarse en dos años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba, siempre que se cumpliera con la devolución del dinero y un periodo de prueba de cinco años. “Si no cumplía dentro de ese lapso, recién ahí debía ejecutarse la condena de prisión”, detalló.
En su análisis, el magistrado subrayó que la doble venta de un inmueble ya enajenado fue el hecho más grave, aunque señaló que existieron inconsistencias en la valoración de la propiedad, la cual posteriormente llegó a venderse hasta en mil millones de guaraníes, cifra que, según sus palabras, “no correspondía con la realidad del bien”.
El juez también cuestionó que la acusación fiscal haya recaído únicamente sobre Velázquez, pese a que en la producción de documentos no auténticos participaron más personas. “Evidentemente era un conjunto de gente que produjo ese documento, pero el principio de congruencia nos impide extender la responsabilidad más allá de lo que acusó la fiscalía”, explicó.
Sobre la pena fijada en mayoría, Aguirre indicó que Velázquez ya habría cumplido con el tiempo mínimo de prisión y que las medidas cautelares actuales, como el arresto domiciliario y la fianza ofrecida, se mantendrían vigentes hasta que la Cámara de Apelaciones confirme o modifique la sentencia.
Finalmente, el magistrado expresó que será la instancia superior la que determine si se ratifica la condena de seis años de cárcel o se revisa su propuesta de reparación económica como salida alternativa.
