El Tribunal de Sentencia integrado por Óscar Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, condenó a tres reclusos a seis años de pena privativa de libertad por la comisión de los hechos punibles de coacción grave, extorsión agravada y asociación criminal.
Se trata de Ángel Gabriel Colmán, Edgar Ferreira Vera y Marcio Quadra Caetano; anteriormente ya fueron condenados a dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena Jonás de Amaral y Gloria Estela Cantero. Fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento el guardiacárcel Fredy González y las ciudadanas Liza Graciela Gutiérrez Alarcón y Emilce Alarcón de Gutiérrez. Por su parte, el también guardiacárcel Adolfo Paredes fue sobreseído definitivamente. Todo esto ocurrió ya en el año 2022.
Según los antecedentes del caso, en fecha 10 de mayo del año 2021, un colono brasileño que residía en la zona de San Alberto, Alto Paraná, comenzó a recibir mensajes de texto y audio extorsivos a través de WhatsApp, también recibió una llamada de un hombre que hablaba en portugués y lo amenazó con secuestrar y matar a un miembro de su familia si no accedía al pago de USD 10.000, monto que debía enviar a varios números distintos a través de giros, según las indicaciones del extorsionador.
Ante dichas amenazas, la víctima realizó el pago total de Gs. 13.000.000. Luego, el criminal exigió un nuevo envío de 7.290.000 guaraníes, que se realizó nuevamente a diferentes números y en distintos montos. Entre las personas que recibieron el dinero se encuentran los hoy condenados. Posteriormente, en fecha 07 de junio, la víctima recibió en su teléfono audios, mensajes y videos en los que desconocidos, con acento brasileño, le amenazaban con matarle en caso de no acceder al pago de 100.000 dólares americanos, supuestamente por no cumplir con su palabra. En los videos también se visualiza a personas portando armas de fuego.
Los extorsionadores advirtieron al afectado que estaban presumiblemente en las inmediaciones de su casa y le mostraron el momento en que arrancaban un cartel del lugar con la inscripción de «Agrotec», que tiraron en el medio de la calle. A raíz de esta última intimidación, la víctima radicó la denuncia ante las autoridades. La Fiscal Zunilda Ocampos tomó intervención en la causa y finalmente logró demostrar la responsabilidad en los hechos de los ahora condenados.