El Tribunal de Sentencia presidido de la jueza Lourdes Peña e integrado por los magistrados Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga resolvió en mayoría condenar a diez personas por los hechos punibles de estafa y lesión de confianza, entre ellos, funcionarios del Instituto de Desarrollo y la Tierra (Indert) y dirigentes campesinos por un perjuicio patrimonial de G. 3.821.241.395 millones al Estado Paraguayo.
Los dirigentes campesinos Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas fueron condenados a 8 años de cárcel. Los mismos recibieron G. 1.168 millones con el que debían beneficiar a 545 familias.
Respecto a los acusados María Esther Leyva, Luis Gilberto Ruiz de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), también fueron sentenciados a 8 años de pena privativa de libertad.
Dicha organización percibió G. 1.239 millones que debían beneficiar a 1.721 familias. Sin embargo, no entregaron la totalidad de los insumos que debían ser utilizados para la ejecución de los proyectos, incluso de adquirió un tractor, cuyo destino no se desconoce. Las comunidades no han mejorado su calidad de vida con lo poco que llegaron a entregar.
Asimismo fue condenado Armando Báez a 8 años de pena y Ronald Guerrero a 10 años de cárcel, ambos de la Fundación Nación Guaraní, quienes recibieron G. 1.300 millones, monto por cual se debió beneficiar a 700 familias.
El colegiado también resolvió condenar a 10 años a cárcel a César González Parini, se le atribuye que su carácter de director del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, habilitó los pagos a las organizaciones campesinas en varios desembolsos millonarios sin verificar que los documentos estén en regla.
El ingeniero además solicitó a través de un memorándum la ampliación de convenios y de fondos, para proyectos exclusivos de mini industria. Incluso se atribuyó funciones que no competen, según lo probado en juicio oral.
En tanto que los funcionarios del Indert, Eulalia Cardozo, Irma Soledad Piñánez y Sebastián Ortega fueron sentenciados a 2 años de pena con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
El magistrado Manuel Aguirre, cuestionó que la labor investigativa del Ministerio Público, ya que hubo cuestiones que el colegido tuvo que aclarar que el agente no supo determinar, asimismo agregó que «la verdad que sos un tembiguái señor Aguayo, te vendiste por un programa, te hicieron callar, no repartiste nada y le perjudicaste al Estado 3.800 millones de guaraníes».
Durante la diligencia se probó que las comunidades campesinas que deberían ser beneficiadas no recibieron los insumos, como herramientas, semillas, maquinarias, animales, asistencia técnica que estaban estipulados dentro del proyecto de seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, los cuales eran necesarios para ejecutar el proyecto.
Se ha constatado en el juicio oral y público a través de varias pruebas documentales, que no se llegó a cumplir conforme a lo pactado en los convenios por cada asociación o fundación, el cual era garantizar la seguridad alimentaria y nutricional conforme se estableció y para lo cual se liberaron unos 3.821.241.395 millones a las tres fundaciones a quienes se les entregó montos siderales de dinero que no fueron utilizados para mejorar la calidad de vida de comunidades campesinas.
El Tribunal de Sentencia resolvió mantener las medidas cautelares hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada. La lectura íntegra del fallo se hará el próximo 21 de abril.
