Una Cámara de Apelación resolvió rechazar la recusación presentada por Celina Villalba de Lovera y confirmó a la juez de ejecución Cynthia Sostoa para continuar interviniendo en la causa en la que la exdirectiva de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay fue condenada a 2 años 6 meses de prisión por el desfalco de más de Gs. 1.240 millones, pena cuyo cumplimiento permanece pendiente debido a que la sentenciada cuenta con orden de captura vigente.
El tribunal de alzada sostuvo que la recusación planteada por la defensa, patrocinada por el abogado Guillermo Casco, no acreditó motivos graves y verificables que permitan dudar razonablemente de la imparcialidad de la magistrada, por lo que consideró improcedente apartarla del conocimiento del expediente.
En su presentación, la condenada alegó que la juez habría dictado una resolución posterior a una recusación previa, lo que, según su postura, vulneraba principios como el debido proceso y el juez natural; sin embargo, la magistrada informó que su actuación se ajustó a la normativa vigente y que en la etapa de ejecución las actuaciones se tramitan de manera individual para cada condenado.
Al analizar los argumentos, la Cámara concluyó que no se configuró una afectación concreta al derecho de defensa ni elementos objetivos que evidencien parcialidad, recordando que la causal invocada exige una duda razonable y comprobable sobre la independencia judicial. Con esta decisión, la juez de ejecución continuará a cargo del control del cumplimiento de la pena y de las medidas procesales correspondientes, mientras la orden de captura contra la condenada permanece activa en el marco del proceso.
