La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por Blas Vicente Oddone Céspedes, en el marco de la investigación por el presunto desvío de más de Gs. 18.300 millones de la Gobernación del Departamento Central. La impugnación había sido presentada contra el A.I. N° 60 del 10 de abril del 2024, dictado por el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos.
El recurso se dirigía específicamente contra la resolución que confirmó el rechazo de una recusación planteada contra el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, quien elevó la causa a juicio oral en septiembre del año 2024. Sin embargo, la Sala Penal señaló que la presentación no contempla lo establecido en el art. 477 del Código Procesal Penal (CPP), que limita la procedencia de la casación a sentencias definitivas u otras resoluciones que pongan fin al procedimiento.
Al no encajar en ninguno de esos supuestos, los ministros de la Sala Penal resolvieron que no correspondía siquiera el examen de admisibilidad.
Blas Vicente Oddone está acusado como coautor del hecho punible de lesión de confianza y autor del hecho punible de apropiación, en su carácter de presidente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, entidad presuntamente utilizada para canalizar fondos públicos de manera irregular.
La acusación fiscal sostiene que, entre marzo del 2019 y diciembre del 2020, la Gobernación de Central desembolsó más de Gs. 24.424 millones a favor de organizaciones sin fines de lucro para la ejecución de 51 proyectos sociales. No obstante, de acuerdo con el Ministerio Público, los desembolsos se realizaron sin cumplir las exigencias administrativas y técnicas establecidas, generando un perjuicio patrimonial estimado en Gs. 18.384 millones.
El principal señalado como articulador del esquema es el exgobernador Hugo Javier González, quien habría autorizado aportes a entidades que presentaban proyectos sin planes de acción, sin descripción de actividades concretas, sin presupuestos detallados ni especificación de bienes y servicios a adquirir. Según la investigación, estas falencias habrían permitido el desvío sistemático de fondos públicos bajo la apariencia de programas de desarrollo.
