El Tribunal de Apelación confirmó a los jueces del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Anselma Inés Galarza Careaga, Pablino Daniel Barreto Alfonso y Juan Alberto Dávalos Bogarin, en la causa contra Miguel Ángel Armando Vera, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC).
El mismo está procesado junto con Héctor Salvador Torales Fernández por tráfico de armas y asociación criminal. Recordemos que el abogado Óscar Tuma, defensa de Vera, había planteado más de 10 inclusiones probatorias y solo fue admitida una de ellas; por ese motivo, tomaron la decisión de recusar a los miembros del Tribunal. En cuanto al segundo procesado, el mismo había solicitado la inclusión de 6 pruebas, lo cual fue rechazado por el colegiado y se adhirieron a la recusación de Tuma.
Según la acusación, Héctor Torales, en representación de la firma Área Límite S.A., presentó ante la DIMABEL una nota manifestando que la empresa cuenta con registro de importador, sin embargo, el mismo se encontraba vencido por lo que presentaron su solicitud de renovación en fecha 15 de febrero del año 2022. A ese pedido fue adjuntada la compra de 250 unidades de armas de fuego de la empresa Bul Armory de Israel, solicitando consideración excepcional para autorización de importación. Tras un pedido de informe de la Aduana a la Dimabel, se comprobó que la empresa no contaba con registro ni habilitación para importar armas de fuego.
Miguel Ángel Vera, exdecano de la FCE-UNC era titular de la firma Área Límite S.A. y, con el fin de obtener ganancias, firmó un contrato con una cooperativa para proveer a la misma de armas de fuego, sin embargo, al momento de la firma del contrato, Área Límite S.A. no contaba con ninguna de las autorizaciones legales y administrativas para tal efecto. Vera y Torales fueron acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico ilícito y acopio ilícito de armas de fuego, asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando.
