El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado, Primera Sala, rechazó la recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia planteada por la defensa de Jorge Bogado en la causa por administración en provecho propio y otros hechos punibles, por un presunto daño patrimonial de G. 1.800 millones en Puerto Casado.
La defensa, ejercida por el Abg. Richard Baez pretendía apartar al magistrado alegando falta de imparcialidad por admitir la reapertura de la causa. Sostuvo que el Ministerio Público presentó su requerimiento de reapertura y acusación fuera del plazo de un año contado desde el sobreseimiento provisional del 10 de abril de 2025, por lo que, a su criterio, correspondía declarar extinguida la acción penal y sobreseer definitivamente a su cliente.
Sin embargo, la Alzada refirió que los argumentos exponen una disconformidad subjetiva de la parte recusante y no acreditan hechos concretos que comprometan la imparcialidad del juez.
“La recusación no puede convertirse en un mecanismo destinado a sustituir los medios ordinarios de impugnación, ya que existen las herramientas procesales para someter el estudio de una cuestión que agravia a un órgano revisor, lo cual no puede entenderse entonces como la pérdida del deber de imparcialidad que tienen los Jueces de Primera Instancia en el dictado de sus fallos”, expuso la Cámara, rechazando la recusación.
Además, la Alzada llamó la atención sobre una irregularidad, la recusación fue presentada electrónicamente con el usuario de la abogada Laura María Ávalos Cano, quien no integra la defensa de Jorge Bogado, aunque el escrito en papel estaba firmado por el abogado Báez. El Tribunal advirtió que esta situación procesal no debe repetirse.
Bogado Cabrera, representante del Centro Comercial Renacer, fue acusado como cómplice del supuesto hecho punible de lesión de confianza por contratos relacionados con la provisión de kits de alimentos destinados a instituciones educativas de Puerto Casado. La acusación señala que su empresa fue adjudicada con contratos por G. 353.900.000.
