Cámara confirmó resolución de juez Humberto Otazú que resolvió el arresto domiciliario de Enrique Javier Lovera ante la falta de voluntad de sometimiento al proceso y por entorpecer el curso normal del mismo. Está acusado junto con la intendente Quyquyhó Patricia Corvalán, por supuesta administración en provecho propio, lavado de dinero y otros, por un supuesto desvío de más de Gs. 1.100.000 del distrito durante la administración del actual diputado Esteban Samaniego.
La abogada Giselle Gutiérrez, en representación de Lovera, había planteado un recurso de apelación contra la resolución del juez de Garantías Humberto Otazú, quien revocó las medidas alternativas que lo beneficiaban desde marzo del año 2024 y decretó su arresto domiciliario. La defensa alegó que la decisión vulneró garantías procesales, al no convocarse previamente a una audiencia de revisión de medidas cautelares conforme al artículo 251 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la Alzada consideró que la conducta del imputado, incluyendo una recusación presentada a solo dos días de una audiencia preliminar clave, evidenció una estrategia de entorpecimiento del proceso judicial, lo que motivó la medida más gravosa. El Ministerio Público, por su parte, respaldó la decisión del juez Otazú, señalando que el acusado había recurrido a diversos mecanismos para retrasar el avance del proceso y que existía riesgo de que no se someta a la justicia.
Lovera Lezcano está imputado por los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios públicos en el manejo de fondos del Estado. El arresto domiciliario deberá cumplirse en una vivienda ubicada a 200 metros del Centro de Salud del barrio San Miguel de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, con controles aleatorios a cargo de la Policía Nacional. El imputado podrá comunicarse libremente y se mantiene a disposición del juzgado.
