Una Cámara de Apelación Penal ratificó la pena de 3 años 8 meses de prisión para el exintendente de Puerto Casado Hilario Adorno, condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio al quedar probado en juicio que utilizó dinero público para realizar el pago inicial de una camioneta que sacó a título personal.
La resolución fue dictada el 08 de octubre del 2025, tras el análisis del recurso de apelación especial interpuesto por la defensa del condenado contra la sentencia definitiva N° 256, emitida en fecha 13 de junio del mismo año por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planas, Matías Garcete y Elsa García.
El Tribunal de Alzada rechazó los agravios presentados por la defensa, que alegaban violaciones al debido proceso, doble juzgamiento y errores en la valoración de las pruebas, sosteniendo que la sentencia dictada se ajusta al derecho y que la conducta del exintendente fue debidamente acreditada.
Según los antecedentes, Adorno Mazacote utilizó fondos municipales por valor de Gs. 50.000.000 para adquirir un vehículo particular a su nombre, pagado mediante un cheque girado contra la cuenta de la Municipalidad de Puerto Casado. El caso fue calificado como un uso indebido de recursos públicos con beneficio propio, lo que derivó en su condena por lesión de confianza y administración en provecho propio.
La defensa había sostenido que el dinero fue posteriormente devuelto y que el acto contaba con respaldo jurídico, pero los jueces consideraron que la reparación posterior del daño no elimina la comisión del delito, sino que solo puede ser valorada al momento de la imposición de la pena.
El Tribunal de Apelación remarcó que el acusado, en su calidad de intendente, abusó de su posición como administrador del patrimonio municipal, realizando actos incompatibles con el principio de probidad que rige la función pública. Con esta resolución, se mantiene firme la condena y se ratifica que la utilización de fondos públicos en beneficio propio constituye una violación grave a los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal.
