Un Tribunal de Apelación confirmó la condena de 23 años de prisión más 5 años como medida de seguridad para Lorenzo González Martínez, por el secuestro y homicidio doloso agravado de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas y quien fuera secuestrada y luego asesinada por el grupo criminal EPP.
El fallo, contenido en la Sentencia Definitiva N° 550 del 20 de diciembre del 2024, fue ratificado tras el rechazo del recurso de apelación especial presentado por la defensa técnica del condenado, ejercida por la defensora pública María Fernanda Laino Guanes.
La apelación se basaba principalmente en tres agravios: la inclusión de una testigo no admitida en el auto de apertura a juicio, la supuesta falta de fundamentación respecto a la coartada ofrecida por la defensa y la ausencia de justificación sobre la aplicación de agravantes en el tipo penal de homicidio doloso. Sin embargo, la Alzada determinó que ninguno de estos argumentos tenía el peso suficiente como para anular la sentencia.
La defensa había denunciado la incorporación tardía de la exfiscal general Sandra Quiñónez como testigo, señalando que su inclusión generó una violación al debido proceso. No obstante, el Tribunal consideró que dicha inclusión fue válida conforme al artículo 394 del Código Procesal Penal, dado que se produjo como prueba “para mejor proveer” ante la imposibilidad de contar con otro testigo originalmente admitido que había fallecido.
En cuanto a la coartada, que aseguraba que González se encontraba en Ciudad del Este el día del secuestro, la Cámara sostuvo que los testimonios presentados por la defensa no fueron convincentes ni suficientemente corroborados y que la prueba técnica (como el análisis de llamadas telefónicas) y testigos clave lo ubicaban en la escena del crimen.
Asimismo, se ratificó que los agravantes del homicidio doloso fueron debidamente fundamentados, destacando la alevosía y el sufrimiento infligido a la víctima. El fallo remarca que Cecilia Cubas fue sometida a condiciones inhumanas durante su cautiverio, lo que justificó el agravamiento de la pena. El Ministerio Público, representado por el fiscal Lorenzo Lezcano y la querella adhesiva, a cargo del abogado Andrés Casati, solicitaron la confirmación de la sentencia. Ambos resaltaron la solidez de las pruebas y defendieron la actuación del tribunal de primera instancia.
