Un Tribunal de Apelación confirmó la elevación a juicio de la causa contra Luis Gilberto Casuriaga Cubilla, chofer que logró ingresar con 58 kg de cocaína al aeropuerto Silvio Petirossi en un camión distribuidor de agua mineral. El mismo está acusado por los hechos punibles de tráfico de estupefacientes, tenencia sin autorización de estupefacientes y hechos relacionados a la ley 1340/88.
Luis Casuriaga y Mario Mosqueira enfrentan acusaciones graves basadas en la Ley 1340/88 y su modificatoria, en concordancia con disposiciones del Código Penal, por tentativa de tráfico de drogas. Los hechos investigados involucran el uso de un camión para transportar dos cajas con presunta cocaína, interceptadas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, rechazó los incidentes planteados por la defensa técnica, la cual argumentó la supuesta violación de garantías procesales al realizarse el procedimiento sin la presencia de un abogado defensor. El tribunal determinó que el imputado accedió voluntariamente a participar del procedimiento y que no se vulneraron derechos fundamentales. La Alzada reafirmó que persisten los riesgos procesales, como el peligro de fuga, debido a la gravedad de los cargos y la alta expectativa de pena. Además, consideró que no existían elementos nuevos que justificaran modificar la medida cautelar.
Los abogados defensores Gustavo Eschenmoser y María Magdalena Sanabria presentaron un recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio. Alegaron que la resolución era insuficiente y carecía de fundamentos sólidos. Sin embargo, el tribunal destacó que la acusación del Ministerio Público cumplió con todos los requisitos legales, incluyendo la determinación de los hechos, la identificación de los presuntos responsables y la calificación jurídica.
La Cámara también señaló que la defensa no logró demostrar un agravio irreparable ni la violación de principios procesales en el desarrollo del caso. Asimismo, subrayó que los planteamientos de la defensa podrán ser discutidos en el juicio oral y público.
