La presidenta del Consejo de Administración de Central, Dra. María Teresa González, informó en entrevista con PDS Radio sobre la reciente reunión interinstitucional realizada en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, que tuvo como objetivo abordar la situación de las personas con condenas firmes y ejecutoriadas que permanecen prófugas.
La iniciativa surgió tras un recordatorio de la Corte Suprema de Justicia, que manifestó su preocupación por la cantidad de condenados que aún no fueron localizados para el cumplimiento efectivo de sus sentencias. Durante el encuentro participaron jueces de garantías y de ejecución del departamento Central, junto con autoridades policiales, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la comunicación y coordinación para ejecutar las órdenes de captura pendientes.
“Es una situación preocupante, ya que no se trata de personas procesadas con presunción de inocencia, sino de condenados cuya culpabilidad ya fue demostrada y confirmada judicialmente”, destacó González.
Según datos mencionados por la presidenta, el juez de ejecución Víctor Benítez, con asiento en San Lorenzo, contabiliza actualmente 15 casos de sentencias firmes con personas aún prófugas. Aunque el número no es elevado, la funcionaria resaltó la importancia de que las fuerzas del orden actúen con celeridad en estos casos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y preservar la credibilidad del sistema penal.
Uno de los ejemplos más recientes citados durante la reunión fue el del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, quien poseía una condena firme y ejecutoriada y se encontraba en rebeldía. De manera coincidente, tras la culminación del encuentro interinstitucional, Cárdenas se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional, quedando finalmente a disposición de la justicia para cumplir su pena.
Consultada sobre las posibles causas de la demora en la ejecución de las órdenes de detención, González manifestó que, si bien la falta de recursos y coordinación policial pueden incidir, también existen factores administrativos y de comunicación entre las instituciones del sistema de justicia. “La policía puede alegar limitaciones de infraestructura, pero lo importante es que ahora buscamos una mayor articulación entre jueces y agentes del orden para hacer efectivos estos mandatos”, explicó.
La magistrada enfatizó que las órdenes de captura no pierden vigencia hasta que una autoridad judicial o fiscal comunique oficialmente su levantamiento. “El juez confía en que la institución policial cumpla con su deber; sin embargo, en casos especiales, se realiza un seguimiento más directo”, añadió. También recordó que, cuando el caso lo amerita, las órdenes pueden extenderse al ámbito internacional mediante Interpol, a fin de asegurar la localización de los condenados fuera del país.
La reunión culminó con el compromiso de mantener una línea de comunicación fluida entre los jueces de ejecución, garantías y de paz del departamento Central y las autoridades policiales, facilitando el intercambio de información y la ejecución rápida de las medidas judiciales. “Esperamos que esta articulación reduzca significativamente la cantidad de prófugos con condenas firmes. Es un paso hacia una justicia más efectiva y coordinada”, concluyó la Dra. González.
