Tras la publicación de PDS radio y tv Digital, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia amplia la investigación preliminar en relación a los hechos nuevos referentes a las actuaciones de la magistrada Mirian Elizabeth Giménez González, miembro del Tribunal de Apelación multifuero de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay.
Esto es en atención al escrito del 5 de diciembre pasado presentado por la abogada Noelia María Núñez, en representación del colono menonita Helmut Sawatzky Thiessen, sobre supuestos hechos punibles cometidos por la citada magistrada.
La presente resolución tiene la firma del presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción de Alto Paraguay, Alberto Martínez Simón.
La mencionada magistrada fue denunciada por un ciudadano menonita por supuesto homicidio doloso en grado de tentativa, coacción grave e infracción a la ley de armas.
La denuncia, un hecho sin presidentes y que da poca seriedad a la judicatura fue presentada por Harmunt Sawasky Thiessen, quien refirió que Giménez en forma prepotente ordenó que dejarán de colorar postes y alambres en un lindero ubicado en la zona de Fuerte Olimpo.
Además de ello, a quien sería su pareja sentimental, Joel Alfredo Balmori, quien llegó al inmueble armado con una escopeta y revolver con el cual efectuó disparos hacia la humanidad de Sawasky.
La abogada denunciante manifestó que la magistrada atropelló la propiedad de su cliente y que tienen pruebas de la prepotencia de la camarista.
En el 2015, la camaristas consignó en su DD.JJ que era propietaria de un inmueble en la compañía Costa Sosa de Paraguarí y de un automóvil Mitsubishi, modelo pajero.
Cuando fue confirmada en el cargo en el 2021, manifestó ante la Contraloría que seguía poseyendo el inmueble y además una camioneta Chevrolet, año 2018, pero no hizo figurar la ganadera “Che la Reina” ni el hotel de Fuerte Olimpo, tampoco la casa donde reside en Alto en dicha localidad, según el documento presentado.
El fiscal Andrés Cantaluppi, designado para intervenir, se inhibió de forma inmediata y la denuncia quedó paralizada sin que se haya hecho ningún trámite. Se sospecha de una suerte de cofradía o de encubrimiento entre “colegas”.
