El Consejo de Superintendencia de la Corte está elaborando un proyecto de contingencia para depurar los juicios ejecutivos en juzgados de paz, según adelantó la ministra Carolina Llanes. Paralelamente, se podría trabajar en propuestas de ley para reglamentar que juicios patrimoniales de juzgados de paz de Capital pasen a los juzgados del fuero Civil y Comercial.
Con esto, se busca implementar medidas innovadoras para descongestionar estos juzgados y brindar una respuesta más eficiente a los ciudadanos. La propuesta central del plan consiste en recurrir a jueces de paz de otras circunscripciones, quienes, al tener una menor carga laboral, podrían ser designados temporalmente («interinados») en aquellos juzgados con mayor demanda. Estos jueces, desafectados de sus funciones habituales, se dedicarían exclusivamente a tramitar y resolver juicios ejecutivos dentro de un plazo establecido.
«La idea es que, dentro de un plan de transición y contingencia claramente definido, se pueda liquidar y depurar esa enorme cantidad de juicios ejecutivos», explicó la ministra Llanes, haciendo referencia a la situación planteada por el ministro Víctor Ríos, quien destacó la alta carga de trabajo que soportan los nueve Juzgados de Paz de la capital.
En paralelo a este plan de choque, se impulsa una propuesta normativa para reglamentar el traslado de los juicios de contenido patrimonial de los Juzgados de Paz de la capital a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, tal como lo describió. Esta medida, al transferir un volumen considerable de casos a juzgados con menor carga laboral (26 en total, según el ministro Ríos), contribuiría también a descomprimir las demoras que afectan a los usuarios del sistema judicial.
«Somos conscientes de la sobrecarga que enfrentan los Juzgados de Paz, especialmente en lo que respecta a los juicios ejecutivos. Este proyecto de contingencia tiene como objetivo liberar espacio en estos tribunales, agilizar los procesos y garantizar el acceso a la justicia para todos», afirmó Llanes.
Para llevar adelante esta iniciativa, se buscará el apoyo de los ministros para la emisión de un acuerdo y, de ser necesario, la sanción de una ley de transición. La ministra Llanes recordó la experiencia de la reforma del sistema penal en 1999, donde se sancionó una ley de transición para liquidar los juicios del sistema anterior, estableciendo una metodología para «depurar y liquidar todas las causas anteriores dentro de parámetros legales, a los efectos de no desampararlas en sus derechos».
«La idea, salvando las distancias, es hacer un plan de contingencia o de transición similar a ese, a los efectos de poder superar esta situación», concluyó la ministra Llanes, subrayando el compromiso del Consejo de Superintendencia para encontrar soluciones innovadoras y eficientes a los desafíos que enfrenta el sistema judicial.
