Con el planteamiento de incidentes de la defensa, continúa esta mañana la audiencia preliminar del exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez Rodrigo Estigarribia debe resolver si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
La diligencia fue suspendida en relación a su esposa, ya que su abogado no se presentó; respecto a las otras dos acusadas tampoco se realizó por un cambio en su defensa.
En fiscal Luis Piñánez se ratificó en la acusación respecto a Cáceres y solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público. El juez Rodrigo Estigarribia deberá resolver si hace lugar o no al pedido. La acusación señala que existe una inconsistencia patrimonial negativa del matrimonio Cáceres–Da Silva por Gs. 1.016.207.683, suma que no pudo ser justificada y que se considera ingreso no sustentable.
El fiscal Luis Piñánez confirmó que, durante la audiencia preliminar celebrada este miércoles, el Ministerio Público se ratificó en la acusación contra Wilfrido Cáceres por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según explicó, el proceso se desarrolló solo respecto a Cáceres, mientras que la audiencia de los otros coprocesados fue suspendida por razones de agenda y circunstancias procesales. Piñánez detalló que el Ministerio Público solicitó además el comiso de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al acusado, por considerarlos obtenidos de manera ilegítima.
“En este caso, lo que se discute es una desproporción patrimonial evidente entre los ingresos y egresos del procesado. Los bienes que componen su patrimonio están sujetos a comiso en caso de que la causa sea elevada a juicio oral y público y exista una condena firme”, precisó el fiscal.
De acuerdo con los cálculos del Ministerio Público, Wilfrido Cáceres no logró justificar un saldo patrimonial negativo de aproximadamente mil millones de guaraníes, lo que representa una diferencia sustancial entre sus ingresos declarados y los bienes acumulados durante su gestión pública.
Además, el fiscal Piñánez reveló que las investigaciones arrojaron la existencia de operaciones financieras irregulares y movimientos de capital sospechosos, que habrían permitido al acusado incrementar su patrimonio en alrededor de Gs. 7 mil millones mediante la supuesta compra de inmuebles y transferencias simuladas.
Entre los bienes cuya incautación fue solicitada figuran tres propiedades y varios vehículos, además de los mobiliarios de uno de los inmuebles, que habrían sido adquiridos con dinero de procedencia no justificada. “De comprobarse estos hechos en juicio, el Estado paraguayo podrá disponer de dichos bienes conforme a la ley”, remarcó el fiscal Piñánez.
