El juicio oral y público contra los exintegrantes de la Policía stronista Fortunato Laspina, Eusebio Torres Romero y Manuel Crescencio Alcaraz continuó esta semana, en el marco de la causa por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Durante la jornada de ayer declaró el acusado Manuel Crescencio Alcaraz, quien enfrenta graves acusaciones por su participación directa en los tormentos aplicados a detenidos políticos durante el régimen autoritario. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Héctor Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza y la acusación está sostenida actualmente por la Fiscal Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos.
La causa se originó a partir de la acusación presentada en diciembre del 2017 por la entonces fiscal Liliana Zayas, en contra de nueve exfuncionarios policiales, entre ellos Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez Amarilla, Eusebio Torres Romero, Agustín Belotto Vouga, Manuel Crescencio Alcaraz, Obdulio Arguello Brítez, Felipe Nery Saldívar y Fortunato Lorenzo Laspina. Algunos de ellos, ya fallecidos.
Según los datos de la investigación, las víctimas fueron sometidas a terribles métodos de tortura física y psicológica en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, bajo un esquema de represión sistemática contra opositores políticos.
El expediente judicial detalla que el ciudadano Domingo Rolón fue torturado por Eusebio Torres, quien utilizaba un látigo conocido como “Tira lengua” para golpearlo repetidamente por todo el cuerpo, especialmente en la espalda, hasta que el detenido se desplomaba por el dolor. También fue obligado a realizar ejercicios en cuclillas mientras recibía golpes continuos. Respecto a Manuel Crescencio Alcaraz, los registros judiciales señalan que fue uno de los primeros en torturar a Rolón el día de su detención, aplicándole golpes de garrote y sometiéndolo a la práctica conocida como la “pileteada”, un método de asfixia y sumersión en una pileta con agua utilizado durante la dictadura.
Además de los abusos físicos, los acusados también impusieron tratos crueles e inhumanos, al negarle el acceso al baño, la higiene y el descanso, obligándolo a dormir en el suelo, alimentarlo con comida en mal estado y mantenerlo encerrado en una celda sin luz, infestada de insectos y roedores. Las víctimas también fueron sometidas a tortura psicológica, mediante amenazas de muerte contra ellos y sus familiares.
El proceso judicial busca establecer responsabilidad penal individual por hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles según el derecho internacional. La continuidad de este juicio representa un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia para las víctimas de la represión stronista.
