La Fiscal Lourdes Bobadilla encabezó un allanamiento en la vivienda del dueño de una playa de vehículos que supuestamente estafó a 68 clientes de quienes secuestró sus vehículos. Se trata de Steven Bareiro Chávez, dueño de “Steven Automotores” y ya cuenta con una imputación por presunta estafa. Se encuentra vigente una orden de detención en su contra.
En el marco de la causa, el Ministerio Público ya imputó al Juez de Paz de Chaco’i – Nueva Asunción, Franco Garelik y a la actuaria judicial Gabriela Gaona Benítez, por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, prevaricato y hecho punible contra el ejercicio de funciones públicas. Según la hipótesis de la Fiscal, el Juez, la actuaria y el oficial de justicia Carlos Irala formaban un grupo criminal que se encargaba de conseguir documentos para el secuestro de los rodados.
Sobre ello, la Fiscal Lourdes Bobadilla señaló a PDS Radio que la causa es bastante grave teniendo en cuenta el perjuicio económico a más de 60 de personas, quienes habían realizado las denuncias en los últimos meses del año 2023 e inicios del corriente año. Los mismos dieron cuenta de la forma en la que fueron engañados por estas personas. Explicó que no solo se trató de una relación contractual simple de compra/venta.
“Los clientes se acercaban a la playa de vehículos con el deseo de adquirir un rodado. Generalmente la persona que se acercaba lo hacía entregando una pequeña parte, quedando un remanente como saldo. En cuanto a ese remanente, ellos debían firmar unos pagarés por el monto completo del rodado; una vez que se daba un mínimo incumplimiento, como retraso de dos o tres días, directamente entregaban al abogado que patrocinaba la demanda ante el juzgado y, el mismo día que entregaban el pedido, era providenciado por este magistrado. Dos días después ya se llevaba a cabo la orden de secuestro” refirió la Fiscal.
Los expedientes estaban llenos de irregularidades desde el inicio, ni siquiera contaban con el pago de tasas judiciales, además de otros trámites procesales del fuero civil que no tenía en cuenta el Juez de Paz. En ese sentido, violaba el derecho de una de las partes para favorecer, efectivamente, a Steven Bareiro Chávez. Resaltó que el abogado que patrocinaba las demandas era el mismo abogado que ejercía como oficial de justicia del Juzgado en cuestión.
“Ellos le colocaban el dispositivo de monitoreo (GPS) a todos los vehículos, eso también es una conducta poco usual teniendo en cuenta que, una vez que entregaban la propiedad de un rodado se quedaban con un crédito, no podían realizar eso. Es una conducta completamente anormal colocarle GPS para mantenerle monitoreado al cliente” agregó Bobadilla.
