Con la producción de pruebas documentales continuó el juicio oral y público contra el exfiscal Florencio Pereira y su esposa Miriam Giménez, acusados de causar un millonario perjuicio al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La causa por lesión de confianza guarda relación con presuntas sobrefacturaciones en proyectos de abastecimiento de agua potable implementados en comunidades rurales de los departamentos de San Pedro y Caaguazú, durante la administración del expresidente del ente, Justo Cárdenas.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo la acusación y presentó varias documentaciones, aunque desistió de algunos testigos inicialmente propuestos. No obstante, la defensa insistió en que se produzcan dichas declaraciones, buscando contradecir la tesis fiscal. El Tribunal de Sentencia, presidido por la juez Yolanda Morel e integrado por las magistradas Ana Rodríguez y Karina Cáceres, lleva adelante el juzgamiento con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de los acusados.
De acuerdo con los antecedentes, la investigación se inició en el año 2016, tras la firma de un convenio entre el Fondo de Inversión para el Desarrollo (FIDES) dependiente del INDERT y diversas asociaciones civiles. Estas habrían recibido importantes sumas de dinero del fondo público destinadas a la ejecución de obras de agua potable, las cuales, según la pesquisa, fueron realizadas con serias irregularidades y deficiencias técnicas.
El perjuicio patrimonial total causado al INDERT ascendería a Gs. 683.849.514, producto de presuntas sobrefacturaciones y obras inconclusas. Las organizaciones DADIS, ASOVSERVIC y Madre Tierra fueron las principales beneficiarias de los convenios cuestionados, habiendo recibido montos millonarios cuya administración fue supuestamente direccionada por Pereira y Giménez, en carácter de ordenadores de gastos.
Según la acusación del Ministerio Público, la organización Madre Tierra habría generado un daño patrimonial de Gs. 69.815.603, mientras que ASOVSERVIC ocasionó un perjuicio de Gs. 199.493.346. A su vez, la ONG DADIS habría afectado al ente estatal con un perjuicio de Gs. 149.213.247, evidenciando un esquema sistemático de presunta corrupción y malversación de fondos públicos.
El Ministerio Público sostiene que los acusados, en lugar de velar por el patrimonio del Estado, permitieron la utilización irregular de los recursos destinados a comunidades vulnerables, defraudando así la confianza pública. El juicio, que aún se encuentra en etapa de producción probatoria, podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción administrativa en instituciones estatales.
