El ministro Manuel Ramírez Candia, mantuvo un encuentro virtual con miembros de la sociedad civil, encabezados por las abogadas María Esther Roa y Carmen Rodríguez Godoy, hicieron hincapié en conseguir la autorización para que las personas asignadas por la Coordinadora de Abogados del Paraguay puedan realizar el control y seguimiento de los expedientes de corrupción pública vía WhatsApp. En este punto, se menciona que los actuarios de los distintos juzgados, deberán brindar los informes requeridos y recibir notas por celular debiendo hacer entrega de las mismas a los magistrados.
En este último punto, además agregaron que las notas recibidas por los distintos juzgados, Tribunales de Sentencia, Tribunales de Apelación, Juzgados de Ejecución y Salas de la Corte Suprema de Justicia, sean respondidas en la modalidad propuesta por nuestra organización.
También pidieron un informe (carátulas, datos de los procesados, resoluciones) sobre los procesos penales de corrupción pública prescriptos o extinguidos durante los años 2018, 2019, 2020 y hasta marzo de 2021 en los distintos juzgados del país, además de la auditoría de los expedientes caratulados: a) Causa N° 1/2014 “SERGIO ESCOBAR AMARILLA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA” y b) Causa N° 8472/2008 “MINISTERIO PÚBLICO C/ CARLOS ANTONIO ARÉVALOS DUARTE Y OTRO S/ EXTORSIÓN”.
También, solicitaron la inclusión de 19 expedientes de corrupción pública en el Observatorio Judicial, así como también la presentación de un plan de mejoramiento de dicho espacio en cuanto a tecnología y recursos humanos. El ministro indicó que ya realizó el pedido formal sobre este caso a la Dirección de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia, y denunciaron la falta de un plan institucional que ponga fin a las chicanas que impiden el normal desarrollo de las audiencias preliminares y juicios orales de los procesos penales de corrupción pública (ausencia de sanciones a los abogados chicaneros y magistrados).
Señalaron, que es necesario mejorar en cuanto a la transmisión de los juicios orales de corrupción pública, por ello la necesidad de elaborar un plan de trabajo al respecto.
