La jueza de garantías Rosarito Montanía confirmó el arresto domiciliario de Roberto Santiago Ayala Galeano, imputado por supuestamente integrar una red dedicada a la transferencia irregular de bienes que contaban con medidas cautelares, vinculados a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes.
La defensa, ejercida por el Abg. César Adrián Cáceres, solicitó la revisión arguyendo que no ha quebrantado las condiciones impuestas, no ha intentado sustraerse del control jurisdiccional ni se ha acreditado conducta alguna dirigida a interferir en la investigación, por lo que considera que deben analizarse nuevamente las condiciones en las que fueron impuestas las medidas, minimizando los riesgos de fuga y obstrucción.
En su análisis, la jueza resaltó que, para la Fiscalía existen altas probabilidades de que el imputado, de contar con la libertad ambulatoria, destruya o modifique elementos de prueba, o incluso que influya en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre los hechos o se comporte de manera desleal durante el proceso.
En ese sentido, agregó que a esta situación se suma la complejidad de la causa, “por lo que es de suma importancia evitar los peligros procesales a fin de que el Ministerio Público realice todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad real y esclarecer los hechos punibles graves investigados», señala parte de la resolución.
La Fiscalía le atribuye a Roberto Santiago Ayala Galeano haber actuado como prestanombre o colaborador clave dentro del esquema liderado por el precandidato a concejal Roberto Cubilla Sanabria, cuyo objetivo era ocultar y transferir bienes que estaban sujetos a medidas cautelares y bloqueos judiciales vinculados al grupo de Alexandre Rodrigues Gomes (hijo del fallecido diputado «Lalo» Gomes).
Específicamente, a Ayala Galeano se lo señala por invocar un poder general de administración otorgado a su favor por Faustino Ramón Aguayo Cabañas para suscribir y formalizar escrituras públicas de compraventa,tramitadas ante la escribana María Raquel Cáceres, sobre vehículos e inmuebles que pertenecían a los investigados.
Con estas transacciones, firmadas en contubernio con los demás procesados para transferir los bienes a terceros, se buscó eludir las inhibiciones generales de enajenar y gravar bienes dispuestas por el Juzgado de Garantías en las causas de lavado de activos y narcotráfico.
Está imputado por lavado de dinero, asociación criminal y producción inmediata/uso de documentos públicos de contenido falso, solicitando para él la medida de arresto domiciliario
