En el marco de la investigación por el feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, la fiscal Gladys Torales se apartó de la causa tras los reclamos de la familia de la víctima. La decisión fue considerada como un paso necesario para preservar la objetividad y el buen desarrollo del proceso judicial. En su lugar, quedan al frente del caso los fiscales Gloria Rojas y Fermín Segovia, además del fiscal adjunto Diego Zilbervarg.
En la jornada de ayer, el fiscal Fermín Segovia informó sobre la detención de Mikhaella Rolón Melgarejo, amiga del principal sospechoso del crimen. La joven de 19 años fue imputada por los delitos de instigación a cometer hechos punibles y complicidad en feminicidio, cargos que podrían acarrearle una condena de hasta 30 años de prisión.
“La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva tras reunir elementos suficientes que fueron presentados ante el Juzgado Penal de Garantías. El juez Gustavo Ovelar hizo lugar al pedido y ordenó su traslado al penal del Buen Pastor”, expresó Segovia.
Durante la audiencia técnica, la imputada se abstuvo de declarar, aunque manifestó sufrir un trastorno psicológico, hecho que deberá ser corroborado por peritos. El fiscal aclaró que dicha manifestación no fue realizada ante el Ministerio Público, sino en sede judicial y que, en principio, no tendría incidencia en su eventual responsabilidad penal.
Segovia también explicó que el derecho a no declarar está garantizado por la Constitución, pero que la Fiscalía podrá volver a convocar a la joven dentro del plazo legal de seis meses: “Al inicio, los imputados suelen optar por abstenerse, es su derecho. Nosotros estamos obligados a ofrecerle una nueva oportunidad para declarar”.
Respecto a la situación del adolescente de 17 años señalado como autor del hecho, el fiscal señaló que, al ser menor de edad, su tratamiento legal es distinto. Sin embargo, Mikhaella Rolón, al ser mayor, enfrenta la pena máxima prevista para el feminicidio. La defensa de la joven solicitó arresto domiciliario, o en su defecto, que la prisión preventiva se cumpla en un régimen penitenciario con condiciones adecuadas de protección y seguridad.
Sobre la posible participación de los padres del menor, Segovia señaló que “la investigación aún se encuentra en su etapa inicial” y que se está analizando si tuvieron algún grado de implicancia: “Estamos interviniendo en las diligencias más urgentes; cualquier determinación sobre su responsabilidad será evaluada conforme a los elementos que surjan”.
En paralelo, la investigación se encuentra en una etapa técnica, utilizando recursos tecnológicos para rastrear los movimientos de los implicados y sus comunicaciones. Se busca determinar si otras personas podrían haber estado vinculadas con el crimen. Finalmente, el fiscal confirmó la incautación de medicamentos en una farmacia, los cuales serán remitidos a Medicina Forense para verificar su legalidad. Además, se investigará la habilitación del local, intervención que corresponderá al Ministerio de Salud.
