El Tribunal de Apelación volvió a confirmar al juez Humberto Otazú en la causa contra la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros acusados por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero. Una vez que el juzgado reciba el expediente, podrá avanzar con la audiencia preliminar que ya fue iniciada el pasado 22 de mayo.
Además, el colegiado instó al juez a aplicar las sanciones previstas en el artículo 114 ante la evidente transgresión del principio consagrado en el artículo 112 del CPP, relacionado con la buena fe en las actuaciones procesales. Respecto a la recusación, a criterio del Tribunal de Apelación, el motivo alegado para apartar al juez no se adecúa a lo que establece la ley.
Con esta resolución, el juzgado también podrá analizar el pedido realizado por el fiscal Silvio Corbeta para enviar a prisión a los acusados Enrique Lovera y Guido Vargas, por dilatar el proceso.
