La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado oficial para aclarar el alcance y la plena vigencia de la Ley N° 7614/25, ante informaciones periodísticas que señalaban una supuesta falta de aplicación de la norma. El máximo órgano judicial precisó que la ley, que dispone el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares en juicios ejecutivos cuyos expedientes no se encuentren en las Secretarías de los juzgados, se encuentra en vigor desde el 31 de diciembre del 2025.
Según explicó la Corte, la propia normativa establece en su art. 12 que entra en vigencia al día siguiente de su promulgación, la cual fue realizada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre del año pasado. En ese sentido, subrayó que no es necesaria ninguna reglamentación adicional, protocolo interno ni instrucción administrativa para su aplicación, ya que la ley resulta operativa por sí misma.
El comunicado señala además que la responsabilidad de aplicar la Ley 7614/25 recae directamente en los juzgados donde tramitan los procesos correspondientes. En los casos en que los expedientes se encuentren extraviados o no estén físicamente en las Secretarías, los jueces deben proceder al levantamiento de los embargos y demás medidas cautelares, una vez que el actuario del juzgado constate dicha situación mediante el informe previsto en la normativa.
La Corte Suprema instó a los magistrados a cumplir de manera estricta e inmediata lo dispuesto en la ley, respetando los procedimientos y plazos establecidos en sus artículos 4°, 5° y 6°. Asimismo, recordó que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidades administrativas.
Finalmente, el máximo tribunal exhortó a las personas afectadas por embargos o medidas cautelares en expedientes extraviados o no localizados en las Secretarías a denunciar cualquier omisión ante el Consejo de Superintendencia. Dichas denuncias permitirán la apertura de investigaciones y, de corresponder, la aplicación de sanciones a los responsables. El comunicado será difundido a través de los canales oficiales de la Corte para asegurar su amplio conocimiento público.
