La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Con esta decisión, queda firme el fallo del Tribunal de Apelación que anuló su absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. La resolución de la Sala Penal se produce tras varios meses en los que el proceso permanecía pendiente de pronunciamiento, situación que incluso motivó la suspensión del nuevo juicio oral hasta tanto se resolvieran los recursos planteados por la defensa.
El caso tiene como antecedente la sentencia dictada en el mes de diciembre del año 2023 por un Tribunal de Sentencia que absolvió de culpa y pena al matrimonio. Sin embargo, dicha decisión fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación, que consideró que el fallo presentaba deficiencias en la fundamentación y en la valoración de las pruebas producidas durante el juicio.
En esa línea, los camaristas que intervinieron en segunda instancia concluyeron que el tribunal de mérito no analizó adecuadamente elementos probatorios relevantes, incluyendo testimonios y pericias, lo que derivó en una sentencia considerada insuficientemente motivada. Tras la anulación, se dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio oral y público, a fin de que otro tribunal evalúe nuevamente los hechos y las pruebas.
Frente a esta decisión, la defensa del exfiscal general acudió a la Corte Suprema mediante un recurso de casación, con el objetivo de revertir la resolución de la Cámara y evitar el nuevo juzgamiento. No obstante, la Sala Penal resolvió declarar inadmisible dicho planteamiento, lo que implica que no se analizaron los agravios de fondo y se mantiene vigente la decisión de la instancia inferior.
El proceso se centra en la acusación del Ministerio Público que sostiene que Díaz Verón no habría podido justificar un incremento patrimonial superior a los Gs. 10.000 millones durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2017, presuntamente ocultando bienes a través de su esposa.
Con la inadmisibilidad de la casación, se despeja el principal obstáculo procesal que impedía avanzar con el nuevo juicio oral, el cual deberá ser fijado nuevamente por el tribunal competente. Este juzgamiento será clave para determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en los hechos investigados.
