La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por el intendente de San Antonio Raúl Isaac Mendoza y destrabó el caso , por lo que ya se podrá hacer el juicio oral y público.
El recurso extraordinario se había presentado hace seis meses, el 16 de abril pasado. La acusación fiscal indica que existiría un perjuicio patrimonial de G. 715 millones, que debía ser destinado a obras y a merienda escolar, a pesar de ello, los ministros de la Sala Penal no destraban la causa para que el político sea juzgado en juico oral.
El recurso de casación fue presentado por la abogada Sandra Landoni el pasado 16 de abril y, en el escrito, la misma ataca el Auto Interlocutorio n° 228 de fecha 17 de febrero de este año, a través de dicha resolución la jueza de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, elevó la causa a juicio oral y público. El escrito de la magistrada ya fue recurrido en segunda instancia a través de una apelación general, pero el Tribunal de Apelación de Central declaró inadmisible el recurso.
El juicio oral para el político liberal ya cuenta con una suspensión por la inacción de los ministros, ya que el tribunal de sentencias de Luque fijó para el 10 de septiembre pasado el inicio del juzgamiento, no obstante, los jueces de sentencia se vieron en la necesidad de suspender el juicio ante la existencia de la casación pendiente de respuesta en la Corte.
Mendoza fue denunciado en el 2015 por integrantes de comisiones vecinales de la comuna por su mal desempeño durante su gestión en el mismo año. Según sostiene la Fiscalía, se produjo un perjuicio patrimonial de G. 715.303.500, que fue corroborado con informes periciales contables, auditoría externa y a través de informes de la Contraloría General de la República como así también del Ministerio de Hacienda.
Además, se detectaron irregularidades en la construcción de aulas y en la provisión de la merienda escolar en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de la ciudad de San Antonio. A raíz de las denuncias e informes, la fiscal María José Pérez imputó a Raúl Mendoza el 22 de septiembre del 2016.
