El equipo de auditores de la Corte Suprema detectó graves irregularidades en el Juzgado de Ejecución de Presidente Hayes, a cargo de la magistrada Rosana Rojas, lo que motivó su enjuiciamiento y solicitud de suspensión.
No obstante, los ministros de la Corte «postergaron» para la sesión de esta semana el estudio de su suspensión. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron personas con penas ya cumplidas que seguían privadas de libertad, retrasos de hasta un año en notificar las órdenes de captura, entre otros puntos.
Respecto a la suspensión condicional del procedimiento y la ejecución de condenas, se constató la ausencia de documentos esenciales y el incumplimiento de donaciones y reparaciones. En procesos de libertad condicional, se constataron resoluciones de compurgamiento pendientes y omisión en la comunicación a organismos como la Dirección de Migraciones y la Policía Nacional
. En cuanto a las órdenes de captura, se identificó la falta de reiteración de oficios, demoras en su tramitación y errores en los registros. Finalmente, se constató que algunos condenados con penas cumplidas seguían privados de libertad sin resolución de liberación.
