El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron la problemática de los amparos judiciales relacionados con el acceso a medicamentos, tratamientos médicos y procedimientos de alta complejidad, así como el impacto que estas acciones tienen sobre las instituciones públicas encargadas de brindar servicios de salud.
Como resultado del encuentro, ambas autoridades acordaron promover la conformación de una mesa técnica e interinstitucional con participación de diversos sectores, a fin de intercambiar información y analizar posibles mecanismos que permitan atender los derechos de los pacientes dentro del marco legal vigente y respetando las competencias de cada organismo.
Durante la reunión, Fretes manifestó la preocupación de la previsional por el crecimiento de los gastos derivados del cumplimiento de resoluciones judiciales en materia de salud. Según señaló, en los últimos cinco años el IPS destinó más de Gs. 11.000 millones para dar cumplimiento a amparos judiciales. El titular de la previsional explicó que estos desembolsos no forman parte de las previsiones presupuestarias ordinarias de la institución, situación que, según afirmó, genera dificultades administrativas y financieras para un ente que actualmente atraviesa problemas económicos.
“Tomamos la decisión de venir a consultar y recibir orientaciones sobre una preocupación que embarga al Instituto de Previsión Social, que son los amparos judiciales, que están insumiendo una suma muy importante a una institución que está mal económicamente”, expresó Fretes.
No obstante, aclaró que la iniciativa no busca restringir derechos ni impedir la promoción de amparos. Según sostuvo, el objetivo es encontrar mecanismos legales que permitan compatibilizar la protección de los pacientes con la sostenibilidad institucional. “Nadie habló de filtrar amparos. Lo que buscamos es encontrar el mecanismo facilitador legal para que el paciente no sea lesionado en sus derechos y tampoco la institución”, afirmó.
Por su parte, Martínez Simón destacó que los amparos vinculados a la salud representan una de las materias más sensibles para el Poder Judicial, debido a que involucran derechos fundamentales como la vida y la integridad de las personas. El titular de la Corte señaló que los jueces deben resolver este tipo de solicitudes con urgencia cuando se encuentran comprometidos derechos esenciales, siempre dentro del marco de la independencia judicial y conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
En ese contexto, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de generar espacios de diálogo técnico que permitan comprender mejor los desafíos médicos, jurídicos y presupuestarios que presentan los casos relacionados con medicamentos de alto costo, tratamientos especializados y enfermedades complejas.
Fretes adelantó que la futura mesa de trabajo podría incorporar a representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, considerando que se trata del organismo rector de la política sanitaria nacional y que también enfrenta situaciones similares derivadas de acciones judiciales en materia de salud.
Asimismo, mencionó la posibilidad de invitar a especialistas del ámbito académico, particularmente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y del Hospital de Clínicas, con el propósito de enriquecer el análisis desde una perspectiva multidisciplinaria. El presidente del IPS remarcó que los casos sometidos a amparo suelen involucrar enfermedades complejas y tratamientos altamente individualizados, por lo que consideró difícil establecer criterios uniformes para todos los pacientes.
“No existen enfermedades, existen enfermos. Cada situación es diferente y requiere una evaluación particular”, sostuvo.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión también se abordó la necesidad de delimitar con claridad las responsabilidades de las distintas instituciones del Estado en materia de cobertura sanitaria.
Asesores jurídicos del IPS señalaron que existen casos en los que la previsional considera que no se reúnen todos los requisitos para determinar la condición de asegurado de quienes promueven determinadas acciones judiciales, aunque reconocieron que los jueces suelen priorizar la protección de la vida y la salud al momento de resolver.
Fretes evitó pronunciarse sobre consultas relacionadas con eventuales irregularidades o supuestos esquemas de corrupción vinculados a amparos para la provisión de medicamentos de alto costo, indicando que el propósito de la reunión fue exclusivamente buscar mecanismos que permitan proteger a los pacientes y fortalecer la seguridad jurídica de las instituciones.
Finalmente, reiteró que la finalidad principal de la mesa técnica será encontrar herramientas que permitan garantizar el acceso a la salud de quienes lo necesiten, sin descuidar el equilibrio financiero y las obligaciones legales de los organismos públicos involucrados.
