La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se encargó de cajonear la acción que busca anular el fallo que dejó impune al exgobernador de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebecke (ANR), condenado a 2 años 6 meses de cárcel por desvíos de fondos por más de G. 1.300 millones.
En octubre se cumplirán 8 años de que la fiscal Celia Beckelmann recurrió la vergonzosa resolución de la cámara de apelación que confirmó el archivo del caso.
En octubre del 2013 la fiscal de ejecución de sentencias atacó de “inconstitucional” la decisión de los camaristas Darío Estigarribia y Mirtha González, quienes ratificaron la decisión de la jueza Leticia Frachi de “declarar la prescripción de la sanción penal y la extinción de la sanción penal” en la causa de Escobar Cattebecke. Desde entonces, los diferentes ministros que pasaron por la Sala Constitucional favorecieron la impunidad en la causa al no resolver la acción presentada por la Fiscalía.
Actualmente, la causa la tienen el presidente de la Corte César Diésel, junto con los ministros Eugenio Giménez Rolón y Luis María Benítez Riera, este último en remplazo de la fallecida ministra Gladys Bareiro de Módica. Los ministros mencionados deben decidir si siguen con la mora en la causa y favorecen la impunidad de la corrupción pública en el caso del político colorado.
La fiscal Beckelmann recurrió a instancias de la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que el código de fondo no prevé la prescripción de la sanción penal, sino la prescripción de la acción penal, por lo tanto, los camaristas incurrieron en una mala aplicación de la ley. Respecto a la extinción también sostiene que no se pudo dar, en razón de que no transcurrió el doble del plazo.
Casi 20 años de odisea buscando justicia
La causa inició el 24 de septiembre del 2002 cuando la fiscal Artemisa Marchuk presentó imputación por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos contra el ex gobernador colorado de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebecke. Según la Fiscalía el hecho ocurrió en 1999 y el monto del perjuicio patrimonial era de unos G. 2.400 millones, que se produjo mediante desvíos de los fondos que debían ser destinados a obras viales y al programa “Vaso de Leche”. La acusación se presentó en el 2003.
El proceso se vio interrumpido cuando Escobar Cattebecke dejó el cargo de gobernador para asumir como Diputado por el Partido Colorado, debido a ello la causa quedó paralizada por 5 años y recién en el 2008 se pudo reanudar la causa, cuando un juzgado de garantías impuso medidas alternativas a la prisión al encausado.
El 14 de mayo del 2009 el tribunal de sentencias, presidido por la jueza Mesalina Fernández, resolvió condenar al político de la ANR Eugenio Escobar Cattebecke a 2 años 6 meses de cárcel, luego de probar en juicio oral que hubo desvíos dentro de la Gobernación de Presidente Hayes por valor de unos G. 1.300 millones.
El 23 de noviembre del mismo año, en segunda instancia, los camaristas Delio Vera Navarro, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández, resolvieron elevar la pena a 4 años y 6 meses. Esto fue recurrido por la defensa mediante una casación ante la Sala Penal. En dicha instancia, el 21 de diciembre del 2009 los ministros rarificaron la pena de 2 años 6 meses que fue impuesta en primera instancia.
Posterior a eso, el condenado planteó una serie de chicanas ante la Sala Penal que fueron rechazadas y el expediente fue remitido a un juzgado de ejecución para dar cumplimiento a la condena que ya quedó firme. Ante ello, Eugenio Escobar Cattebecke presentó una acción de inconstitucionalidad por el rechazo de una de esas chicanas. Paralelamente a la acción, el expediente fue remitido a un juzgado de ejecución y allí el juez Carlos Escobar ordenó la captura de Escobar el 29 de diciembre del 2009 a fin de que se dé cumplimiento a la condena.
La resolución del juez Escobar fue recurrida y revocada el 26 de enero del 2010, por el tribunal de apelación de feria integrado por los magistrados Nery Villalba, Manuel Silvio Rodríguez y Mirtha González de Caballero, con el grosero argumento de que la sentencia no estaba firme debido a que la acción de inconstitucionalidad promovida por el condenado no fue resuelta, contradiciendo incluso a la propia Corte. El 23 de noviembre del 2011T la Sala Constitucional rechazó la acción promovida, desapareciendo así el argumento por el cual no se hizo efectiva la condena.
Ya en el 2013, específicamente el 15 de abril, la jueza de Fernando de la Mora, Leticia Frachi, resolvió declarar operada la prescripción de la sanción penal a pedido del abg. defensor Guillermo Duarte Cacavelos. La jueza Frachi de forma vergonzosa usó el argumento del tribunal de apelación de feria y fundamentó que la causa prescribió el 31 de diciembre del 2009, porque la sentencia no se encontraba firme al momento de cumplirse la prescripción por el doble del plazo (que son 10 años).
Ante esa circunstancia, la fiscal de ejecución Celia Beckelmann presentó una apelación general para evitar el archivo y que quede impune la causa. El 8 de octubre del 2013 el tribunal de apelación de Presidente Hayes, con votos de los camaristas Darío Estigarribia y Mirtha González, confirmó la resolución de la jueza Frachi y el consecuente archivo de la causa.
Los camaristas confirmaron en mayoría la prescripción de la sanción penal, ya que el dr. Lucio Portillo, con su voto en disidencia, aclaró que aún no se cumplió el plazo de prescripción de la causa, debido a que el cómputo del plazo empezó a correr recién después de que haya quedado firme y ejecutoriada la resolución del Tribunal de Cuentas que rechazó la rendición, que se dio el 18 de marzo del 2003. Según el argumento del magistrado, el plazo también se vio interrumpido durante el periodo en el que Escobar fue diputado y contaba con fueros, con lo que recién en agosto del 2008 pudo reanudarse el proceso.
Es ante la resolución de los camaristas de Presidente Hayes que la fiscal de ejecución accionó ante la Sala Constitucional de la CSJ, que después de unos 8 años de haberse presentado la acción aún no se ha pronunciado al respecto, motivo por el cual el caso que produjo un millonario perjuicio patrimonial sigue impune a día de hoy.
