El 7 de abril pasado, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez solicitó audiencia a los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fue a raíz de la falta de respuesta de la máxima instancia judicial a una nota del 14 de julio del 2021 en la cual pidió tener acceso al proyecto de la Acordada (que ahora está vigente), “Para el fortalecimiento de control jurisdiccional del acta de imputación fiscal”, que fue aprobada por el pleno el 30 de marzo pasado.
Quiñonez pidió la reunión para realizar sugerencias como titular del Ministerio Público, teniendo en cuenta el impacto que dicha acordada va a tener en el sistema penal. Sin embargo, aunque parezca increíble, casi un mes después ni un solo integrante del alto tribunal respondió el pedido de la representante de la sociedad.
El trabajo en conjunto para mejorar la justicia que los ministros mencionan en cada sesión del pleno o entrevistas periodísticas, es solo de boca para afuera.
En su sesión plenaria del 30 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia aprobó el proyecto de acordada N° 1631, la cual pretende fortalecer el control jurisdiccional del acta de imputación fiscal. La propuesta fue elaborada por la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia Penal a cargo de la ministra Carolina Llanes.
El documento tiene por objetivo dotar a los jueces de una guía de control jurisdiccional del acta de imputación para la verificación sencilla conforme a los elementos de la teoría del caso (Qué pasó? Quién lo hizo? Cómo, cuándo, dónde y por qué?).
Asimismo promueve la utilización de la potestad legal de control del juez penal, lo que sería el trámite de oposición previsto en el art 314 del Código Procesal Penal (CPP), cuando dichos elementos no se satisfacen. El documento establece ítems y parámetros que los jueces deben controlar para establecer además el plazo de duración de la investigación.
