El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de la ciudad de San Lorenzo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La medida fue adoptada mediante la Resolución N° 15 de fecha 23 de marzo del 2026, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados y a la necesidad de resguardar el correcto funcionamiento del servicio de atención a víctimas. El proceso se inició a partir de un reporte elevado por el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, quien solicitó la apertura de una investigación administrativa tras la difusión de publicaciones periodísticas relacionadas con el funcionamiento de la mencionada oficina.
Según los antecedentes, los hechos guardan relación con denuncias sobre la supuesta falta de atención a una persona que acudió a realizar una denuncia, quien no habría sido atendida en un primer momento debido a que una funcionaria se encontraba realizando actividades de carácter particular.
El Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central remitió además un acta elaborada por el área de Capital Humano, en la que se consignan los hechos ocurridos el pasado 20 de marzo en horas de la tarde, así como la decisión inicial de apartar a las funcionarias involucradas de sus cargos. Las funcionarias afectadas por la medida son Silvia María Sugasti Delgado, actuaria judicial y Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, técnica administrativa, a quienes se les atribuyen, de manera preliminar, supuestas faltas administrativas graves previstas en la normativa disciplinaria vigente.
De acuerdo con la resolución, las conductas investigadas podrían afectar el ejercicio adecuado de la función pública y generar perjuicios a la administración de justicia, especialmente considerando la naturaleza sensible del servicio brindado a víctimas de violencia.
En ese contexto, el Consejo resolvió no solo iniciar el sumario administrativo para el esclarecimiento de los hechos, sino también aplicar la suspensión preventiva de ambas funcionarias mientras dure el proceso disciplinario o hasta que se dicte una resolución que modifique dicha medida.
Asimismo, fue designada como juez instructora la abogada Analía Velázquez, quien tendrá a su cargo la conducción del sumario, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La decisión se fundamenta en las facultades disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia, previstas en la Ley N° 609/95 y en la Acordada N° 1597/21, que habilitan la adopción de medidas cautelares cuando existan indicios de faltas graves y la continuidad en funciones pueda afectar el servicio o a terceros.
