La Sala Penal no admitió una apelación de la defensa y dejó firme la prórroga que concedió un Tribunal de Apelación a la Fiscalía, a fin de que siga investigando a los imputados por la supuesta estafa que ocasionó un prejuicio patrimonial de USD 1.600.000 a colonos menonitas de San Pedro. El Ministerio Público deberá presentar su acusación u otro tipo de requerimiento conclusivo, el día 18 de noviembre de este año.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por la abogada Sinthia Ruíz Froez, en representación de José Francisco Ljubetich Arrellaga, contra el A.I. Nº 201 del 02 de junio del 2025.
Según la defensa, la Cámara no se pronunció adecuadamente sobre un incidente de nulidad presentado previamente, lo cual, alegó, genera un agravio procesal al impedir identificar con claridad el acto contra el cual dirigir sus planteamientos legales. Sin embargo, los ministros de la Corte coincidieron en que el recurso carece de uno de los requisitos fundamentales: la existencia de un agravio cierto, concreto, presente e irreparable. En consecuencia, resolvieron que no corresponde analizar el fondo del planteamiento.
El ministro preopinante Luís María Benítez Riera sostuvo que la defensa no logró explicar cuál es el perjuicio real derivado de la prórroga otorgada, más aún, considerando que esta fue solicitada por la agente fiscal interina Maricel Orihuela, por causas fundadas en la complejidad de la causa. A su voto se adhirieron la ministra María Carolina Llanes y el doctor Manuel Ramírez Candia.
La Corte concluyó que la resolución recurrida fue debidamente fundamentada y que el recurso de apelación no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la normativa procesal penal. Por tanto, fue declarado inadmisible y se mantiene firme la extensión del plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, fijada para el 18 de noviembre de 2025.
