La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Cynthia Ojeda Burgos, con lo que quedó firme la condena de 12 años de prisión impuesta en su contra como cómplice de homicidio doloso.
La decisión se da en el marco de la causa “Gregorio Ramón Morales Macchi y otros s/ homicidio doloso”, vinculada al crimen del joven Robert Fabián Marín, ocurrido en noviembre del año 2020. Por este hecho, Gregorio ‘Papo’ Morales fue condenado previamente a 27 años de prisión, más 5 años como medida de seguridad.
El fallo fue dictado por los ministros María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el recurso presentado no cumplía con los requisitos legales exigidos para su admisibilidad. En su análisis, la Corte concluyó que, si bien el recurso fue presentado dentro del plazo y por una parte legitimada, la defensa no desarrolló una fundamentación suficiente ni adecuada conforme a las exigencias del Código Procesal Penal.
Entre los principales argumentos, el máximo tribunal señaló que la defensa no explicó de manera concreta cómo se habrían vulnerado los preceptos constitucionales invocados, tampoco presentó ni individualizó correctamente precedentes jurisprudenciales para sustentar supuestas contradicciones y dirigió parte de sus agravios contra la sentencia de primera instancia, en lugar de centrarse en el fallo del Tribunal de Apelación, que era el objeto del recurso.
Asimismo, la Sala Penal advirtió que los planteamientos carecían de un desarrollo argumentativo claro, lo que impedía realizar un control jurídico sobre los supuestos errores denunciados. Con la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario, queda firme tanto la sentencia dictada en diciembre del año 2023 por el Tribunal de Sentencia, como su confirmación en segunda instancia en agosto del 2024.
Esto implica que la condena de 12 años de prisión para Ojeda Burgos adquiere carácter definitivo dentro del proceso penal.
El recurso de casación constituye una vía extraordinaria destinada a revisar eventuales errores de derecho en las resoluciones judiciales. Sin embargo, su admisión está sujeta a requisitos formales estrictos, entre ellos la adecuada fundamentación de los agravios y la identificación precisa de las supuestas infracciones legales o constitucionales.
En este caso, la Corte concluyó que tales exigencias no fueron cumplidas, lo que determinó el rechazo del planteamiento sin ingresar al análisis de fondo.
