La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lleva cuatro meses sin definir qué juzgado será el competente para tramitar la causa contra la exjueza Civil, Tania Irún, quien debe afrontar una nueva audiencia preliminar en la causa por presunto prevaricato.
A mediados de noviembre del año pasado, la jueza de garantías Diana Carvallo y el juez de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se declararon incompetentes para diligenciar la causa y realizar la nueva audiencia tras el fallo del Tribunal de Apelación.
La actuación poco expeditiva de la máxima instancia judicial dilata la tramitación de la causa iniciada ante la irregularidad en la resolución de Irún, mediante la cual otorgó más de 310 mil hectáreas en el Chaco a empresas de maletín, pese a que las tierras estaban dentro de la zona de seguridad fronteriza.
La Fiscalía sostiene en su acusación que la exmagistrada «tergiversó y violó el derecho» al dictar dicho fallo y revela que lo resolvió sin tener probatoriamente descartado que las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom investments Limited y Firstar Investments Limited tenían socios o representantes legales oriundos de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables.
