La Corte Suprema de Justicia aprobó en sesión plenaria del pasado 30 de abril la Acordada N.º 1801, mediante la cual se amplía el “Protocolo de Implementación Gradual de Dispositivos Electrónicos” para el uso de tobilleras electrónicas como herramienta de control y supervisión en procesos judiciales.
La medida responde al informe remitido por la Policía Nacional y otras instituciones involucradas en el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), en el que se confirmó la disponibilidad de 100 tobilleras electrónicas. Inicialmente, el sistema contaba con solo 20 unidades, lo que restringía su implementación.
La ampliación fue elaborada por la Oficina Técnica Penal de la máxima instancia judicial y se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 5863/2017, su modificatoria la Ley N.º 7270/2024 y el Decreto Reglamentario N.º 466 del 05 de octubre del 2023. Estas normativas habilitan el uso de dispositivos electrónicos como medidas alternativas a la prisión preventiva, además de servir como mecanismo de protección para víctimas en contextos de violencia o situaciones de riesgo.
Con la nueva acordada, el uso de tobilleras electrónicas se extiende a las siguientes jurisdicciones: Fuero Penal Ordinario de la Capital y Central, en procesos penales durante la Etapa de Investigación; Fuero Penal Especializado en Delitos Económicos, también en la Etapa de Investigación; Fuero Penal Ordinario de la Capital y Central, en la Etapa de Ejecución. También a los Juzgados de Paz del departamento Central y al Juzgado de Paz de Santísima Trinidad de la Capital, Segundo Turno.
La medida apunta a fortalecer el control judicial y garantizar la seguridad de las víctimas, optimizando el uso de herramientas tecnológicas en el sistema de justicia penal.
