En una decisión de gran relevancia institucional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió hacer lugar al recurso de apelación promovido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), restituyendo de inmediato la validez del proceso licitatorio para la adquisición de máquinas de votación impulsado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El fallo, de carácter definitivo, deja sin efecto la medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas Tercera Sala que había suspendido preventivamente el procedimiento.
La resolución no solo destraba una licitación de más de 93 millones de dólares, sino que sienta un precedente clave sobre la delimitación de competencias entre órganos de control y justicia contencioso-administrativa. En su análisis, los ministros de la Corte recordaron que el régimen de contrataciones públicas exige especial deferencia hacia los actos administrativos cuando estos se ajustan al marco legal y respetan el principio de legalidad, como en este caso.
El conflicto judicial se originó con la acción presentada por la empresa BYPAR S.A., que alegó supuestas restricciones injustificadas en los pliegos de bases y condiciones, concretamente, el requisito de acreditar una experiencia mínima de diez años en provisión de tecnología electoral. El Tribunal de Cuentas había admitido parcialmente este argumento, concediendo una medida de suspensión del proceso.
Sin embargo, para la Corte, el dictamen de la DNCP que avaló dichos requisitos «no constituye un acto arbitrario ni lesivo de derechos fundamentales», ya que responde al interés público de garantizar la solvencia técnica y operativa de los proveedores en un proceso electoral de gran sensibilidad institucional.
El fallo también reafirma que la medida cautelar no puede ser utilizada como instrumento para interferir en procedimientos legítimos, ni generar un perjuicio al funcionamiento de instituciones del Estado, como el TSJE, en pleno cronograma electoral.
Este episodio revive el debate sobre el rol de los tribunales de cuentas y su capacidad de incidir en decisiones técnicas de órganos especializados como la DNCP. El pronunciamiento de la Corte fortalece la seguridad jurídica de los procesos licitatorios, particularmente aquellos de alta complejidad y proyección nacional.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas destacó que «la justicia ha reivindicado el respeto al marco normativo vigente y la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral». Mientras tanto, el TSJE podrá avanzar con la adjudicación de las nuevas urnas electrónicas, en cumplimiento de los plazos establecidos para las elecciones internas de 2025 y los comicios municipales de 2026.
