El Secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, presentó un informe sobre las acciones de inconstitucionalidad tramitadas ante el pleno de la máxima instancia judicial, en cuanto a integración, notificación. Las acciones fueron presentadas contra decisiones del Jurado del Enjuiciamiento de Magistrados, el TSJE, entre otros.
Del total de acciones presentadas, 218 corresponden al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 204 al TSJE y 12 a causas originarias ampliadas. Pavón explicó que 86 de ellas ya cuentan con la integración del Pleno y se encuentran pendientes de notificación a las partes interesadas, mientras que otras 217 están aún en proceso de integración. A su vez, 105 acciones ya se encuentran en etapa de votación y ocho tienen los nueve votos necesarios para elaborar las resoluciones definitivas.
El ministro Víctor Ríos solicitó que desde el 17 de septiembre se hagan sesiones públicas para estudiar los expedientes que ya cuentan con firmas. La intención es acelerar el trámite sin sacrificar el análisis profundo de los casos. “No se trata de apurar resoluciones, sino de evitar pérdida de tiempo en expedientes que ya tienen los votos y están listas para firmarse”, expresó Ríos durante la sesión.
La propuesta contempla seleccionar expedientes previamente integrados y votados, realizar una sesión abierta para su explicación si algún ministro desea fundamentar su voto y firmar las resoluciones en ese mismo acto. Ríos propuso fechas sucesivas, como el 17 y 24 de septiembre y el 01 de octubre, para llevar a cabo estas reuniones de forma paulatina.
Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón sugirió utilizar las redes sociales oficiales del Poder Judicial para publicar la lista de causas ya integradas, de modo que las partes puedan darse por notificadas de manera más ágil. Esta medida ya fue implementada con éxito en la Sala Civil y permitió agilizar la tramitación mediante la comparecencia voluntaria de los interesados.
Ambas propuestas fueron bien recibidas por los demás ministros, quienes destacaron la necesidad de dar mayor celeridad, transparencia y publicidad a los procesos constitucionales que involucran decisiones sensibles del sistema judicial y electoral.
Con estas iniciativas, la Corte busca optimizar el circuito de resolución en causas que ya se encuentran técnicamente definidas, promoviendo al mismo tiempo el acceso a la información por parte de los ciudadanos y la eficiencia institucional.
