La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la señora Carol Patricia Turrini Ayala, quien buscaba revertir decisiones judiciales que negaron la prescripción, la extinción de la acción penal y la suspensión condicional del procedimiento en la causa que la involucra. El fallo ratifica que la causa debe avanzar hacia juicio oral y público.
La defensa de Turrini, encabezada por el abogado Rowan R. Franco, había recurrido dos resoluciones, el A.I. N° 1044, dictado el 23 de diciembre del 2024 por el Juzgado Penal de Garantías N° 10 de la Capital y el A.I. N° 68, de fecha 19 de marzo del 2025, emitido por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de Capital, que confirmó la primera decisión.
Ambas resoluciones rechazaban los incidentes procesales promovidos por la defensa para detener o archivar el proceso. No obstante, los ministros de la Corte Suprema coincidieron en que las decisiones recurridas no reunían los requisitos formales para ser impugnadas por la vía de la casación, conforme al art. 477 del Código Procesal Penal (CPP). Esta norma exige que el recurso proceda únicamente contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena o nieguen su extinción, conmutación o suspensión.
Los ministros Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón coincidieron en que ninguna de las resoluciones impugnadas tenía efectos terminales sobre el proceso. En consecuencia, consideraron improcedente el recurso presentado. Además, enfatizaron que el fallo del Juzgado de Garantías, al ser de primera instancia, no puede ser atacado directamente mediante casación y que el Tribunal de Apelaciones tampoco resolvió sobre el fondo de la causa, sino que simplemente habilitó su prosecución hacia el juicio oral.
La Corte remarcó la naturaleza excepcional de la casación, señalando que no se puede extender su aplicación a resoluciones que no están expresamente previstas por la ley. Asimismo, indicaron que las decisiones impugnadas no causaban agravio irreparable a la recurrente y que, lejos de poner fin al procedimiento, aseguraban su continuidad conforme a derecho.
Carol Patricia Turrini Ayala, quien fuera presidenta de la “Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Mi Casita” está siendo procesada por presuntamente haber participado en el millonario desvío de Gs. 16.000 millones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat, actualmente MUVH).
