Los ministros de la Corte recordaron que la Constitución Nacional impide al Congreso solicitar información sobre causas judiciales, ante un pedido de informe sobre la causa relacionada a la muerte de la niña Melania Monserrat, asesinada en Fulgencio Yegros, Caazapá. La Corte remitió la nota del Senado a la Oficina Técnica Penal y a la Asesoría Jurídica, a fin de que se pueda remitir una contestación señalando el impedimento establecido en el art. 192 de la Constitución Nacional.
El pedido fue presentado por el senador Ramón Catalino Retamozo Delgado, en su carácter de vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, a través de la resolución N° 1356 del 01 de agosto del 2025. La nota solicitaba información detallada sobre el avance de la causa, que ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública.
Durante la sesión plenaria de la Corte, el ministro Víctor Ríos recordó que existe una prohibición categórica en el art. 192 de la Constitución Nacional, que establece expresamente que el Congreso no puede ejercer funciones judiciales ni pedir informes sobre casos en trámite ante el Poder Judicial. “Es una cuestión constitucional, ni siquiera es legal. No se puede pedir informes sobre causas judiciales. Eso no admite discusión”, señaló Ríos, quien propuso que la respuesta institucional consista en explicar ese impedimento.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Alberto Martínez Simón se adhirieron a la postura de Ríos, subrayando que es deber de la Corte actuar conforme al máximo rango normativo del país y que se trata de una cuestión de respeto al principio de separación de poderes.
Los ministros coincidieron en que la remisión del pedido a las oficinas técnicas es solo para que se redacte una respuesta formal que exprese con claridad que la Corte no puede brindar la información requerida, no por falta de voluntad, sino por una limitación constitucional que protege la independencia del Poder Judicial.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia se reafirma en su rol institucional, defendiendo la autonomía del sistema judicial y advirtiendo al Parlamento sobre los límites legales y constitucionales que rigen su accionar, incluso en casos de alto impacto social.
