La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa del exintendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza, cuyo proceso está cerca de extinguirse. La causa inició en el 2016 a raíz de una presunta mala administración de recursos al Fonacide y la acusación del Ministerio Público, en principio, se hablaba de un perjuicio patrimonial de G. 715 millones, que ahora podría terminar en el opareí.
La fiscal María José Pérez declaró que la Fiscalía cumplió con los plazos y que prosecución del proceso depende del Poder Judicial. Actualmente existe un conflicto de competencia entre el Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos y el Tribunal Ordinario de Central.
Los ministros de la Sala Penal, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera deben decidir que colegiado de jueces juzgará a Mendoza. La agente fiscal relató que los recursos planteados deben descontarse del plazo de extinción, pero que de igual manera, cuando inicie el juicio “se entraría en un terrero (próximo al a extinción)”. De cumplirse el plazo, el exjefe comunal quedará sobreseído y no será juzgado.
El 30 de setiembre del 2022, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Claudia Criscioni, integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo, se declara incompetente para continuar con el juicio oral y público del exintendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, tras un informe de la propia municipalidad que testifica que el acusado emitió un solo cheque en el 2014, de una suma de G. 125.311.500 y que los cuatro cheques subsiguientes por el cual fue procesado, ya no los firmó, ya que en ese tiempo había renunciado, en el 2015.
“En ese sentido, la ley que establece la competencia de los Tribunales Especializados es muy claro, enmarca un parámetro de objetivos para hechos punibles de lesión de confianza, pero a partir de 5.000 jornales, es decir G. 539.489.500, en ese sentido el eslabón de una competencia, por lo que vemos un obstáculo para poder seguir avanzando en el juicio, ya que sería un acto de nulidad, por lo que se remitirá en un Tribunal Ordinario de Central”, había dicho la presidenta Claudia Criscioni.
Mencionó además que el Tribunal pudo advertir en lo que es el objeto del juicio se atribuye al acusado que había emitido en principio cinco cheques, en el año 2014 el primero, y los siguientes en el 2015. Entonces que en el periodo por el cual el acusado fue asignado intendente solo firmó un cheque, en el 2014 y los restantes, agosto, setiembre y octubre del 2015, Mendoza ya no era intendente.
Según los antecedentes, el jefe comunal fue denunciado en octubre de 2015 por miembros de comisiones vecinales de la comuna de San Antonio por Lesión de Confianza durante el ejercicio de su gestión municipal hasta el año 2015. En ese marco, han sido presentados documentos e instrumentales que indican que el acusado no utilizó los fondos para merienda escolar, así como para construcción de aulas de los fondos del Fonacide.
El Ministerio Público pudo comprobar las irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de San Antonio. La Fiscalía colectó pericias contables y de auditoría externa que dieron un resultado final de daño patrimonial de G. 715.303.500. Además de varios informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
