Credicentro protesta el corto plazo dado en el caso de Patricia Samudio por apropiación y estafa

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Sobre la imputación de Delia Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, el abogado Bruno Cuenca representante de la firma Credicentro, explicó que el 2 de enero del año 2021 fue presentada la denuncia por el Presidente de la firma, Víctor Hugo Vázquez, contra ambos y fueron imputados por los hechos punibles de apropiación y estafa.

 

 

La relación de hechos consiste en que los mismos transfirieron inmuebles a favor de otra firma, la cual tuvo una fusión por absorción. Explicó el abogado que, en diciembre del 2018, por medio de una escritura pública, transfirieron cuatro inmuebles a su firma representada, por lo cual se pagó un monto de 9.200 millones. Explicó que, si bien habían transferido obras en Registros Públicos a nombre de Credicentro, los mismos seguían alquilando los inmuebles a otras personas, incluyendo a familiares.

 

 

Al presentar la denuncia, se hicieron las diligencias investigativas correspondientes por parte del Ministerio Público, se pudo llegar a la conjetura, y se tuvo la sospecha suficiente para realizar la imputación. Una vez presentada la imputación, la defensa técnica de los imputados, planteó todo tipo de impugnaciones, haciendo uso abusivo del ejercicio del derecho, incluyendo todo tipo de nulidades, que fueron enturbiando el proceso.

 

 

Agregó que presentaron varias recusaciones al agente fiscal, que si bien, se realizaron todas las diligencias suficientes para poder sustentar una eventual imputación, al ser recusada la misma, tuvo que ir a una fiscal interina que tuvo que presentar un sobreseimiento provisional.

 

 

“Llamativamente, en el momento de la audiencia preliminar, ellos querían plantear un sobreseimiento definitivo, a lo cual el juzgado no hizo lugar y habiendo sido presentado el requerimiento provisional, se hizo lugar al mismo” explicó el abogado.

 

 

La resolución fue apelada y se dio la sentencia, por la cual, si bien confirman el sobreseimiento provisional, modifican un plazo legal que está establecido que es de un año, y es ilegal al otorgar solo 60 días más de investigación, porque va totalmente contraria a la norma. Con esto, mencionó que la defensa técnica lo que busca es volver a enturbiar la causa para poder desvincularse de la misma.