El ministro Alberto Martínez Simón, en entrevista para PDS Radio y TV Digital respondió a la consulta sobre la intención de inhabilitar a los profesionales del derecho que también son funcionarios judiciales. En ese sentido dijo que se detectó a través de un informe que presentó el doctor Jiménez Rolón que hay funcionarios judiciales que ejercen la profesión en aparente contradicción a la normativa, porque podría haber alguno que ejerza en causa propia o de algún familiar y que están trabajando en una investigación y en los mecanismos para realizar un cruzamiento informático entre distintas instituciones del estado para determinar si faltan a la norma establecida.
El magistrado expresó que el informe preliminar está a cargo de la directora de Contaduría, y que se hará además un cruzamiento con Legajos de RR. HH., Finar, Ministerio de Hacienda para ver personas que cobran salarios como funcionarios públicos y la Secretaría General de la Core, igualmente se trabajará con la Dirección de Tecnología para realizar un cruzamiento informático.
Agregó que si de la investigación surgiera que trabajan en la profesión, se trabajará en los mecanismos para la inhabilitación del acceso al expediente electrónico para que no puedan realizar presentaciones, además de un sumario que podría ser una falta grave hasta podría llegarse a la casación de la matrícula. “Primero se bloquearía el acceso y después si se constata que ejercen la profesión para eventualmente abrir un sumario y posterior sanción.”
El ministro señaló que el artículo 97 del Código de Organización Judicial establece que el ejercicio de la profesión de abogado procurador es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial salvo tres excepciones que son donde intervengan en juicios como parte, padres, familiares, esposas o hijos menores de edad, como tutores o como asesores jurídico del ejecutivo u otras entidades públicas.
Además explicó que no existe la prohibición del acceso a la matrícula, solo con el cumplimiento de los requisitos que exige el COJ. Consultado sobre si podría presentar un proyecto de prohibir el acceso a matrículas a funcionarios dijo que hay que ser cautos y comprensivos de situaciones excepcionales.
Sobre el proyecto de que los abogados que terminen la carrera de Derecho, rindan un examen antes de acceder a la matrícula, el alto magistrado mencionó que se encuentran trabajando con el ministro Jiménez Rolón en el informe comparativo con otras legislaciones de otros países, para posteriormente reunirse con los abogados y que estará sujeto a la voluntad de los legisladores, ya que el Congreso deberá sancionar la Ley.
Al respecto de la eliminación de la tercera copia, Martínez Simón comentó que están tratando de simplificar el acceso, principalmente a los periodistas que son la primera fuente de información, los encargados de difundir a través de los medios, que se instaló wifi en la Sala de Prensa, la realización de los cursos de capacitación y la posibilidad de revisar los mismos a instancias.
“Es una labor de día a día de ir digitalizando lo que va saliendo, la intención desde el primer momento fue que los periodistas accedan a la segunda copia, no se intentó privar el acceso a la información” acotó.
El alto magistrado mencionó el alto impacto ecológico que tuvo la tercera copia, refiriéndose a que 1.100.000 copias se ahorrarán al año y no deberán ser almacenadas, generando un ahorro importante desde el punto de vista económico y ecológico.
Además explicó que desde su gabinete ya no aceptarán presentaciones en formato papel, dijo que desde el correo institucional se pueden enviar todo tipo de documentos, denuncias, documentos para concursos, solicitudes, etc. Añadió que todo queda registrado y que no se perderán papeles, además de generar ahorro ecológico.
