La Corte Suprema de Justicia resolvió abrir una investigación sobre la participación de magistrados en actividades vinculadas a campañas de candidatos que buscan integrar el Consejo de la Magistratura como representantes del gremio de abogados.
La decisión fue impulsada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien planteó la necesidad de analizar lo ocurrido en la Circunscripción Judicial de Guairá, donde se registraron situaciones que involucrarían a jueces en reuniones relacionadas con actividades del gremio de abogados en el marco del proceso electoral.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, sostuvo durante la plenaria que la institución mantiene una posición clara respecto a la no participación de magistrados y funcionarios en este tipo de actividades proselitistas. En ese sentido, advirtió que si bien el acceso a los Palacios de Justicia es libre y no puede ser restringido a ciudadanos ni abogados, existe una diferencia sustancial cuando se trata de la organización o promoción de reuniones de carácter político o electoral dentro de dependencias institucionales.
Martínez Simón recordó además antecedentes de sanciones en años anteriores vinculadas a situaciones similares y señaló que la Corte debe mantener una línea de actuación coherente frente a este tipo de hechos. Aclaró que el Poder Judicial se mantiene al margen de las contiendas electorales, más allá de su rol organizador del proceso del Consejo de la Magistratura.
En el mismo acuerdo, los ministros resolvieron también abrir una segunda investigación en relación con declaraciones realizadas por una abogada, quien afirmó públicamente que en la Corte Suprema de Justicia “no sale nada” sin previo pago. La denuncia fue considerada de extrema gravedad por los integrantes del máximo tribunal.
Los ministros Eugenio Jiménez Rolón y Víctor Ríos se refirieron al contenido de estas afirmaciones durante la sesión. Jiménez Rolón manifestó su coincidencia con la apertura de la investigación, señalando que se trata de hechos que no pueden ser ignorados y que deben ser esclarecidos a profundidad, tanto en lo referido a las supuestas irregularidades como a la eventual participación de magistrados en actividades políticas.
En el mismo sentido, el ministro Víctor Ríos respaldó la necesidad de indagar las declaraciones, al calificarlas como graves y potencialmente lesivas para la imagen institucional. Además, expuso consideraciones sobre el funcionamiento interno del sistema de justicia, señalando la complejidad del proceso de deliberación de los tribunales colegiados y la importancia de preservar la independencia de criterio de los magistrados.
Ríos también hizo referencia a la filtración de borradores de votos en el ámbito judicial y a situaciones de presiones o amenazas vinculadas a decisiones jurisdiccionales, aspectos que, según indicó, requieren ser atendidos institucionalmente para evitar la afectación del funcionamiento del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Martínez Simón, finalmente, señaló que los antecedentes serán remitidos y analizados conforme a los procedimientos correspondientes y no descartó que, de verificarse hechos con relevancia penal, se trasladen las actuaciones a la Fiscalía General del Estado.
Con estas decisiones, la Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura de dos líneas de investigación: una vinculada a la eventual participación de magistrados en actividades proselitistas y otra relacionada con denuncias sobre presuntos pagos irregulares en el ámbito judicial.
