La Corte Suprema de Justicia aprobó la realización de una auditoría a los expedientes del presunto líder narco, Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña y al del exdiputado Miguel Cuevas (ANR). Esto debido a que, en el primer caso, la audiencia preliminar aún no se realizó, mientras que en el caso de Cuevas el expediente está cajoneado por la propia Corte.
Durante la sesión plenaria, los ministros expusieron su preocupación por la lentitud y las reiteradas suspensiones en ambos casos. En el expediente de Cabaña, acusado por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, ya se han contabilizado catorce audiencias preliminares suspendidas, sin que hasta la fecha se haya realizado la primera audiencia, a pesar de la alta connotación pública del proceso.
Uno de los ministros subrayó que “los medios de prensa hacen referencia cada cierto tiempo a la cantidad de audiencias suspendidas y es importante que esta Corte y la ciudadanía, a través de un informe de gestión, se entere de cuáles son los motivos y si realmente los motivos que se invocan para la suspensión se ajustan a la legalidad”. La intención es transparentar las razones detrás de las demoras.
Respecto al caso del exparlamentario Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, los ministros remarcaron que el expediente se encuentra desde hace tiempo en la Corte sin que se haya dictado una resolución. “Es importante que la ciudadanía se entere de cuáles son los motivos de la no decisión”, sostuvo uno de los ministros, planteando la necesidad de esclarecer por qué el caso permanece “cajoneado”.
El pedido de auditoría apunta a individualizar las causales que impiden la emisión de decisiones en ambos procesos y establecer responsabilidades administrativas si las hubiera. Según indicaron los ministros, la medida busca reforzar la confianza pública en el Poder Judicial y despejar dudas sobre posibles privilegios procesales.
La auditoría de gestión, aprobada por unanimidad, deberá identificar las causas reales de las demoras y elevar un informe detallado al pleno de la Corte Suprema para que posteriormente se informe oficialmente a la ciudadanía. “Es importante difundir y poner en conocimiento de la gente las razones por las que hay demora en la resolución de estos dos casos”, enfatizaron.
