A propuesta del Ministro Manuel Ramírez Candia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en el Juzgado de Paz de San Juan Nepomuceno. Convocaron a la Juez María Montserrat Vera de Errecarte para su descargo respectivo.
En su calidad de Superintendente de la Circunscripción Judicial de Caazapá, el Ministro Ramírez Candia manifestó ante el pleno que recibió una denuncia de supuestas irregularidades atribuidas a la magistrada mencionada anteriormente. Según la denuncia, la magistrada del primer turno, María Montserrat Vera de Errecarte solicitó sus vacaciones y la interinó la Juez del turno siguiente; tras su intervención en dicho juzgado se presentó una serie de ciudadanos reclamando el descuento realizado a sus haberes como funcionarios del Ministerio de Educación.
“Se trajo a la vista el oficio que remitió la magistrada titular del cargo que estaba de vacaciones y no encontraron el expediente, no estaba registrado en el libro correspondiente y además de eso consta un número de resolución que no coincide con el expediente que sí está registrado, pero que no es igual al mismo” agregó.
Además de ello, el ministro mencionó que los oficios tienen la firma de la Juez y de una actuaria, ésta última verificó los oficios y afirmó que no se trataba de su firma. Ante esta situación, la magistrada interina hizo llegar la denuncia a la presidencia de la Circunscripción Judicial de Caazapá y la actuaria formuló la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, porque la firma de ella que se encuentra plasmada en el documento no es auténtica.
“Es un expediente muy conocido, es el caso de la ambulancia de la Municipalidad de Maracaná, que ya tuvo mucha difusión. En esta situación se ha detectado la existencia de dos expedientes, uno que fue debidamente registrado, el oficial, pero hay otro expediente que es paralelo en donde la ambulancia ya fue objeto de remate, cuando en el expediente oficial se anularon varias resoluciones” comentó.
Cabe mencionar que, días atrás, miembros de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) solicitaron a los Ministros de la Corte que, antes de ordenar sanciones para los magistrados, estos tengan la oportunidad de ser oídos y dar su versión de los hechos, haciendo uso de su derecho a la defensa.
