Ante las crecientes denuncias de presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos ante diversos Juzgados de Paz, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado oficial este lunes en el que descarta categóricamente la posibilidad de anular o suspender de manera generalizada embargos u otros actos procesales por vía administrativa.
La máxima instancia judicial recordó que ninguna medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial puede ser revocada colectivamente, ya que esto atentaría contra el principio constitucional de independencia del Poder Judicial. “No resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar, de manera generalizada, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de un proceso judicial”, advierten los ministros.
Además, citando el art. 248 de la Constitución Nacional, la Corte enfatizó que ningún otro poder del Estado ni autoridad externa puede intervenir en decisiones jurisdiccionales, reiterando que el camino para plantear reclamos debe seguir los canales procesales establecidos, como incidentes, nulidades o recursos, en cada caso concreto.
El comunicado se da en medio de una fuerte controversia pública por una supuesta red de fraudes procesales en juicios ejecutivos, con la intervención de funcionarios judiciales y presuntas notificaciones falsas que habrían permitido la ejecución de embargos sin que las partes afectadas fueran debidamente notificadas.
En respuesta, el Máximo Tribunal informó que ya ha iniciado auditorías internas, ha dispuesto la suspensión y traslado de magistrados y funcionarios y sigue analizando las denuncias “con objetividad y seriedad” para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
Asimismo, la Corte reconoció el papel de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo en representación de los ciudadanos, pero aclaró que las acciones deben canalizarse de manera individualizada, respetando los procedimientos judiciales vigentes.
Finalmente, se exhortó a las personas que se consideren afectadas por posibles irregularidades a recurrir a la asistencia legal correspondiente y ejercer sus derechos a través de los mecanismos formales previstos por la ley. Con este comunicado, la Corte Suprema reafirma su compromiso con la legalidad, la protección del debido proceso y la defensa del Estado de Derecho, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en la administración de justicia.
