A pedido del Ministro Eugenio Jiménez Rolón, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizará una auditoría en una causa de abuso sexual en niños que se tramita ante el Juzgado de Garantías del Tercer Turno de Concepción.
Según refirió, el juzgado a cargo del magistrado Eduardo Agüero Benítez ordenó la realización de una «curiosa» pericia psicológica para «determinar la credibilidad» de los testimonios que brindaron las víctimas. Esto es una especie de «prueba de la prueba».
“Me parece muy preocupante; el Juez de la causa ordenó una realización de pericias con la finalidad de realizar un contraexamen de las pruebas ya colectadas, pretendiendo una pericia psicológica que determine la credibilidad de los testimonios de las víctimas” agregó el Ministro.
Además de ello, mencionó que se hace referencia al art. 81 del Código Procesal Penal (CPP) que habla del examen corporal del imputado, no de la víctima. Refirió que esto va en contra del principio de la no revictimización de personas en estado de vulnerabilidad, por lo que es pertinente la realización de una auditoría de la causa.
A su vez, la Ministra Carolina Llanes manifestó que esto refleja un desconocimiento total del régimen probatorio dentro del sistema procesal vigente; la teoría de la prueba, el principio de búsqueda de la verdad, las limitaciones para el ejercicio de la misma y, lo más importante, la valoración. Explicó que el anticipo jurisdiccional de prueba es el relevamiento de información a los efectos de que, en razón del juicio oral, se pueda valorar en virtud a la sana crítica, ese anticipo en conjunto con las otras pruebas recabadas.
“Lo que se plantea aquí es prácticamente contradecir el anticipo jurisdiccional de prueba fuera del juicio oral y público, que es la ocasión en donde se debe aplicar la sana crítica” agregó Llanes.
