El Informe de Gestión 2025 de la Corte Suprema de Justicia expone un balance integral del funcionamiento del Poder Judicial , detallando las acciones impulsadas durante el último año para fortalecer la institucionalidad, mejorar el acceso a la justicia y optimizar la prestación del servicio judicial en todo el país.
El documento se presenta como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía y los demás poderes del Estado.
Uno de los ejes centrales del informe es el fortalecimiento de la independencia judicial y el respeto al debido proceso. La Corte destaca las medidas orientadas a garantizar la imparcialidad de los magistrados, la estabilidad institucional y la aplicación uniforme de la ley, en un contexto marcado por una creciente demanda social de justicia eficaz y confiable.
En materia de gestión administrativa, el informe subraya los avances en la modernización del sistema judicial. Se resaltan los esfuerzos para consolidar el expediente electrónico, ampliar el uso de herramientas digitales y reducir los tiempos de tramitación de causas, especialmente en fueros con alta carga procesal como el penal, civil y laboral.
La Corte Suprema también pone énfasis en la lucha contra la mora judicial. Durante el año 2025 se implementaron planes de descongestión de causas, reasignación de recursos humanos y monitoreo de indicadores de desempeño, con el objetivo de agilizar la resolución de expedientes y garantizar una tutela judicial efectiva.
Otro aspecto relevante del informe es el fortalecimiento del sistema disciplinario. Se detallan las actuaciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los mecanismos internos de control, orientados a preservar la ética judicial, sancionar conductas irregulares y reafirmar la confianza pública en la administración de justicia.
El documento dedica un apartado especial al acceso a la justicia de sectores vulnerables. En este marco, se mencionan políticas y programas dirigidos a personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como acciones para garantizar el acceso a la justicia en zonas alejadas del país.
En el ámbito de la capacitación, la Corte Suprema informa sobre el fortalecimiento de la formación continua de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. A través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Escuela Judicial, se promovieron cursos, seminarios y actualizaciones en derechos humanos, derecho penal, procesal y nuevas tecnologías aplicadas a la justicia.
El informe también aborda la coordinación interinstitucional, destacando la cooperación con el Ministerio Público, la Defensa Pública y organismos internacionales. Estas alianzas permitieron avanzar en proyectos de reforma, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento del sistema judicial en su conjunto.
En cuanto a infraestructura, se mencionan inversiones en la mejora y ampliación de sedes judiciales, con el propósito de brindar mejores condiciones de trabajo a los operadores de justicia y una atención más adecuada a los usuarios del sistema.
Finalmente, la Corte Suprema reconoce que persisten desafíos estructurales, como la sobrecarga de causas, la necesidad de mayores recursos y la constante adaptación a nuevas demandas sociales. No obstante, el informe reafirma el compromiso institucional de continuar impulsando reformas orientadas a una justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.
